• Los procuradores autonómicos Nuria Rubio y Javier Campos piden al Gobierno autonómico que deje de dar órdenes contradictorias con protocolos de difícil cumplimiento y que invierta en profesorado para garantizar la seguridad y los derechos de docentes y alumnado.
  • También solicitan la figura de los monitores de transporte escolar de Secundaria, igualdad en los horarios del profesorado, reconocimiento a los equipos directivos y apoyo a los ayuntamientos en obras y limpiezas.

En tan solo una semana al menos siete centros de la provincia de León han sufrido algún caso positivo de Covid-19 en sus aulas, obligando al confinamiento de niños y niñas desde el tercer día de clase. “El Gobierno autonómico sigue de brazos cruzados, no está tomando medidas y, a pesar del trabajo de los docentes y del equipo directivo, ha precipitado una vuelta al colegio insegura”, ha declarado la procuradora socialista Nuria Rubio, insistiendo una vez más en la necesidad de contar con datos oficiales. “Seguimos sin tener respuesta de la cifra real de fallecidos en las residencias de mayores en la provincia y en la Comunidad. Desde el PSOE no nos vamos a cansar de seguir reclamando el informe con esos datos: el equipo de Mañueco tiene que cumplir con la ciudadanía y dar la cara, es su obligación y su compromiso”, ha apuntado.

Para Rubio la situación es un reflejo de la desorganización absoluta del sistema educativo durante el confinamiento, una batalla librada en solitario por familias y educadores y cuyo trabajo se está echando a perder.

“El PP y sus socios de Gobierno en Castilla y León siguen lanzando órdenes contradictorias, y la consejera de Educación, Rocío Lucas, sigue escondida, no comparece a pesar de nuestras peticiones. Desde el PSOE provincial le pedimos que finalice ya su verano sabático, que se ponga a trabajar porque la situación es muy seria”, ha puntualizado la política socialista.

Ante esto, el PSOE de León ha exigido la contratación de más profesorado para dejar de cargar de responsabilidades a las familias y a los equipos directivos. “Hay que cumplir las promesas, ¿dónde están los monitores de transporte escolar de Secundaria anunciados por la Junta?”, ha lanzado Rubio como ejemplo de la indiferencia de institución autonómica.

El procurador Javier Campos ha insistido en la incertidumbre que provoca este descontrol por parte de la Consejería de Educación, con órdenes discordantes en el inicio de curso principalmente relativas a las ratios. “Las direcciones de los colegios han trabajo con la normativa vigente, pero no podemos olvidar que 25 niños no son 25 adultos, y para garantizar los desdobles de las aulas que superan ese número se necesitan más recursos, más espacios y más profesores en cada caso”, ha insistido.

“Una de las fatales consecuencias es que la situación obliga a los equipos directivos a adjudicarse más horas y más grupos, lo que provoca directamente una exposición mayor. Directores y directoras están asumiendo responsabilidades impropias, en muchos casos tareas de administración que no les corresponden. Están desprotegidos a pesar de ser los únicos que están pilotando este escenario, son nuestros salvavidas y el sistema se vendría abajo sin ellos. Y lo mismo está ocurriendo con la figura del inspector, están en una situación crítica y no podemos empujarles a una baja que nos dejaría a todos a la deriva”, ha subrayado.

El parlamentario ha alertado de la desaparición de derechos de docentes y alumnado, ya que, la ausencia de un número adecuado de profesorado provocará la desaparición de los grupos burbuja para atender a un mayor número de alumnos.

“Vamos a perder la especialidad. Los maestros y maestras que tenían horario libre para refuerzo asumirán grupos abandonando su campo. La racanería de la Junta de Castilla y León, sus protocolos improvisados, cambiantes y de difícil cumplimiento están poniendo en peligro la educación pública”, ha asegurado Campos.

Por todo ello, el procurador berciano ha pedido responsabilidad institucional, que se reduzcan los horarios de los profesores y profesoras a 35 horas y apoyo a los ayuntamientos en obras y limpiezas para garantizar la máxima seguridad en los centros educativos.

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