Las cuatro universidades públicas expresan su voluntad de contribuir a la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en la comunidad.

El 17 de junio de 2020, el Presidente de la Junta de Castilla y León firmó con todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes de la Comunidad, el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León, ejemplo de consenso y responsabilidad, que recoge un elenco de 86 medidas dirigidas a orientar la definición de un modelo de Comunidad adaptado al nuevo escenario que se abre ante la crisis de la COVID-19, tras el análisis de las propuestas que se generen en los distintos ámbitos institucionales, sociales, económicos, culturales y educativos por parte de los principales actores de la Comunidad.

Casi cuatro meses después de la declaración del estado de alarma y, con ello, de la suspensión de la actividad presencial en la universidad,  el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria por el COVID-19, en la transición a la denominada nueva normalidad, prevé en su artículo 9 las medidas de seguridad necesarias que deben adoptarse para garantizar la apertura de los centros educativos y la docencia de las enseñanzas superiores en condiciones de seguridad.

Por su parte, el Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la CODIV-19, en la Comunidad de Castilla y León establece la necesaria aprobación por parte de las universidades de un protocolo en el que se regulen, para toda la actividad académica, las medidas de prevención adecuadas para el retorno a la actividad lectiva, de cara al próximo curso académico 2020/2021.

En el marco de estas medidas, acordadas por las autoridades competentes, y de acuerdo con la autonomía reconocida constitucionalmente a las universidades, las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León, como agentes clave del progreso y bienestar de la región, acuerdan emitir la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONJUNTA:

  1. La universidad como agente de cambio

Las universidades públicas de la región, como actores fundamentales en la generación de conocimiento, investigación y su transferencia a la sociedad desean manifestar su apoyo y voluntad de contribuir activamente a la consecución de los objetivos del citado Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León.

El papel de la universidad con todos sus campus distribuidos por todas las provincias de la Comunidad resulta imprescindible en la lucha contra la despoblación y, gracias a la inversión en infraestructuras y a la apuesta por la oferta de titulaciones novedosas en todo el territorio, se convierte en un instrumento idóneo de cohesión territorial y competitividad para fijar, integrar, incrementar y atraer población y recursos económicos.

  1. Un modelo de universidad presencial segura

En el ejercicio de sus competencias y con el objetivo de garantizar una vuelta a las aulas de forma presencial y segura, las universidades públicas de la región están diseñando los oportunos protocolos, con vigencia para todo el curso académico 2020/2021, que incluirán las adaptaciones y planes de contingencia aplicables a diferentes escenarios posibles frente a la COVID-19 que podrían afectar a todos los aspectos de la vida universitaria. En especial, incorporarán un protocolo de vigilancia epidemiológica que permitirá, en cada momento y ante la evolución de la situación sanitaria y epidemiológica, responder de forma ágil con medidas concretas y efectivas.

  1. La calidad de la docencia

La vuelta a las aulas de forma presencial durante la nueva normalidad no implicará una merma de la calidad de la docencia, sino que supondrá retornar a la fortaleza esencial de la docencia de la universidad pública de nuestra comunidad, reforzada, en su caso, por otras actividades formativas no presenciales que pudieran complementarla.

Las universidades adaptarán su planificación académica y harán públicas las modificaciones necesarias de las guías docentes, con el fin de asegurar la calidad de todas las titulaciones, con arreglo a los criterios generales de adaptación de la docencia durante el curso académico 2020-21 a las exigencias sanitarias, acordadas conjuntamente por la Consejería de Educación, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León y las universidades de la Comunidad.

Para ello, se reforzará la capacidad tecnológica de los campus virtuales que darán soporte a la comunidad universitaria y se promoverá la formación del profesorado en metodologías no presenciales a través de un programa conjunto de formación para las cuatro Universidades Públicas de la región.

  1. El estudiante como centro del sistema universitario

Los futuros estudiantes deben ver en el sistema público regional universitario una oportunidad para adquirir una formación de calidad y vivir la experiencia universitaria en entornos seguros y confiables. Además, los estudiantes estarán en todo momento informados de las medidas adoptadas en relación con la adaptación de la actividad académica a la situación epidemiológica de cada momento y podrán participar en la toma de decisiones de la universidad, situándolos en el centro del sistema.

La educación inclusiva y de calidad para todos, como obligación de las instituciones académicas y principio inspirador de la política universitaria, se materializará, ahora más que nunca, en el firme compromiso de articular mecanismos para que los estudiantes se vean respaldados en situaciones de necesidad a través de bolsas de ayudas COVID19 que se pondrán en marcha en el curso 2020/2021.

  1. El apoyo institucional

La Consejería de Educación, consciente de la importancia del sistema universitario, intensificará la coordinación y el apoyo que viene prestando a las instituciones académicas públicas a través de la mejora de la calidad de la docencia, la dotación de medios necesarios, las convocatorias de retención y atracción de talento investigador y la transferencia de conocimiento, en la línea de lo actuado en los últimos años, especialmente ahora que se ha demostrado esencial para superar la crisis ocasionada por la COVID-19.

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