Aún son muchas las entidades locales que no podemos acogernos a las novedades aprobadas por el Gobierno debido a las limitaciones presupuestarias que anteponen el pago de la deuda a poder hacer frente y dar respuesta a una crisis como la que estamos viviendo”, indica la Portavoz de Izquierda Unida en San Andrés, Laura Fernández, “por ello presentamos esta moción, en la línea de las medidas ya aprobadas por el Gobierno, para suspender determinadas reglas fiscales y que los Ayuntamientos puedan priorizar la protección de las personas al pago de la deuda”.
La grave pandemia del Covid19 está ocasionando consecuencias que solo pueden calificarse de devastadoras. En primer lugar, en términos de vidas humanas, cuyo daño social es gravísimo a pesar de los esfuerzos de las autoridades sanitarias, de la actuación del Gobierno que decretó ya hace dos meses el estado de alarma y la colaboración de la ciudadanía en la etapa de confinamiento, lo que está consiguiendo frenar la evolución de la enfermedad. Pero también, tal y como han indicado las instituciones internacionales, el impacto negativo de la emergencia sanitaria será también muy importante sobre la economía mundial.
El Fondo Monetario Internacional prevé las peores consecuencias económicas a nivel mundial desde la Gran Depresión. En la misma línea y de forma previa, la Comisión Europea suspendió el 20 de marzo la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, el conjunto de normas fiscales comunitarias, abriendo así la puerta a que los gobiernos nacionales puedan elevar su gasto público todo lo necesario para combatir la propagación del coronavirus y mitigar sus consecuencias económicas. Sin embargo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida como Ley Montoro, sigue en vigor y, de igual forma que ha bloqueado el gasto público desde 2012 hasta 2019, sigue restringiendo la capacidad de gasto de las administraciones públicas en la nueva situación de emergencia.
En concreto, “la aplicación de la denominada regla de gasto provoca que las corporaciones locales estamos obligadas a mantener importantes superávit fiscales sin poder dedicarlos a hacer frente a las consecuencias de esta crisis sanitaria, económica y social, que está impactando especialmente en las personas que sufren más precariedad y mayor vulnerabilidad” declaró Laura Fernández.
Con el objetivo de frenar el impacto social de la pandemia, el Gobierno de España ha articulado una serie de medidas financieras y presupuestarias, como destinar “el superávit presupuestario de las entidades locales de 2019 a financiar gastos de inversión destinados a Servicios Sociales y promoción social”. Esto permite a algunos Ayuntamientos reforzar sus recursos en Servicios Sociales para impulsar medidas de protección y promoción social de las personas vulnerables, pero aún son muchas las Entidades Locales que no podemos acogernos a estas disposiciones normativas debido a las limitaciones presupuestarias, la regla de gasto y otras restricciones que anteponen el pago de la deuda a poder hacer frente y dar respuesta a una crisis como las que estamos viviendo.
“Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta una moción que insta al Gobierno a modificar la Ley Montoro para que la regla de gasto permita a nuestro municipio abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos, y que hasta que esa modificación normativa se produzca, se suspendan las normas coercitivas y sancionadoras que se aplican al incumplimiento de las reglas fiscales para poder abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia”, explica la Concejala de IU, Laura Fernández, “facilitando, entre otras medidas, la contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales como limpieza y desinfección, trabajadores sociales, auxiliares de ayuda a domicilio y demás personal necesario para atender a la población de riesgo y vulnerable”.
