Abusando de la vulnerabilidad de la pareja, llegó, supuestamente, a usurpar la identidad de ellos e incluso a amenazarles para seguir obteniendo dinero

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de San Andrés del Rabanedo han detenido a un hombre de 33 años presuntamente implicado en la comisión de delitos de estafa y falsedad documental, extorsión, robo con violencia y quebrantamiento de condena. También ha sido denunciada otra persona como colaboradora en la comisión de alguno de estos ilícitos penales.

La pareja, un hombre y una mujer con discapacidad, conoció al detenido en la primavera de este año. Poco a poco, el ahora detenido se fue ganando su confianza, logró convencerles de que atravesaba una situación económica mala y que no podía atender a su familia.

Las víctimas, que reciben una pensión, le fueron dando pequeñas cantidades de dinero que iba a ser utilizado, según la versión que les daba el detenido, para que comieran sus hijas, medicinas y otros efectos de primera necesidad.

Según la denuncia formulada ante la Policía, con el paso del tiempo, este varón de 33 años fue aumentando el nivel de exigencia hasta pedir que le financiaran un vehículo. Ante la negativa de la pareja, puesto que no disponían de tanto dinero, llegó a mostrarse agresivo y amenazante hasta que tuvieron que acceder.

VENTA DEL VEHÍCULO

Se da la circunstancia de que el detenido llegó a vender el vehículo sin consentimiento de la propietaria para lo cual se hizo pasar por la pareja de la mujer y usurpó la identidad de ella a la hora de firmar la operación de venta.

En compañía del otro varón investigado, en otra ocasión, presionaron a la mujer para que les facilitase dinero de un cajero automático. Ellos mismos acabaron sacando 600 euros.

El delito de quebrantamiento de condena del que también se acusa al detenido se refiere a que utilizó el vehículo pese a no tener en vigor el permiso de conducir por sentencia judicial.

La situación generada hizo que la pareja tuviera que abandonar el piso de alquiler que ocupaba y trasladarse a vivir a una vieja casa propiedad de sus padres en un pueblo de la provincia de León.

Una vez concluidas las diligencias y entregadas en el juzgado, la autoridad judicial decretó una orden de alejamiento y comunicación del detenido con respecto a la pareja.

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