La edil Susana Travesí señala que el Grupo Socialista advirtió en septiembre de 2016 de la caducidad del procedimiento

Los socialistas temen que se dejó caducar para no perjudicar a Mémora ni a los adjudicantes en 2003

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León pide que se depuren las responsabilidades por la chapuza en la gestión de Serfunle tras sentenciar el TSJ que el procedimiento para declarar la nulidad del contrato con Mémora había caducado cuando la mancomunidad de servicios funerarios lo inició.

La concejala Susana Travesí destacó que el Grupo Socialista ya advirtió, en septiembre de 2016, de esta posibilidad de caducidad y pese a ellos los responsables de la tramitación del procedimiento no hicieron nada para acelerar los plazos.

“Ha existido una total desidia por parte del presidente de Serfunle, el portavoz popular Fernando Salguero, para realizar con agilidad la tramitación y las consecuencias negativas las tendremos que pagar todos los leoneses. Su falta de contundencia para resolver el problema creado con la adjudicación nos lleva a una pérdida de tres años de tiempo y una importante pérdida económica”, explicó la edil socialista.

La sentencia conocida ayer, aunque fechada en el mes de febrero pasado, destaca que el procedimiento iniciado por la Mancomunidad para declarar la nulidad de la adjudicación a Mémora, tras sentenciar otro tribunal que esta adjudicación realizada en el año 2003 no se ajustó a los pliegos rectores de la misma, no cumplió los plazos establecido legalmente por lo que la mancomunidad deberá iniciar todo el procedimiento, complejo y largo, para anular ese contrato. De este modo, explicó Travesí la mancomunidad no podrá recuperar el canon cobrado irregularmente por la adjudicataria y que supone más de 600.000 euros anuales.

La edil socialista precisó que, desde el primer momento en que se conoció la sentencia sobre el canon, el PSOE ha reclamado la remunicipalización del servicio y recordó que el presidente llegó a pedir hasta cuatro informes para no cumplir inicialmente con la sentencia que permitía recuperar el canon pagado de forma irregular, de acuerdo a la sentencia inicial, y aconsejaba el interventor municipal.