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CONTEXTO AGROGANADERO DE LA PROVINCIA

La provincia de León tiene 331.000 hectáreas de tierras de cultivo y 287.000 de prados y pastizales permanentes, representando, ambas categorías, tan solo el 39,67% de la superficie geográfica. De las 331.000 hectáreas de cultivo, 315.000 son tierras de labor, incluyendo en ellas 86.000 hectáreas de barbecho (un porcentaje muy alto que indica la escasa calidad del terreno para el cultivo en secano). Además de las tierras de labor, disponemos de 10.500 hectáreas de cultivos permanentes (viñedo y frutales) y unas 5.000 hectáreas de huertos familiares.

De las 331.000 hectáreas de cultivo, el regadío ocupa 117.500, por lo tanto el 35,5%, un porcentaje alto y posible gracias a los ríos y sus embalses. La práctica totalidad del regadío es de aguas superficiales.

La superficie de pastos ocupa, de este a oeste, la mitad norte de la provincia, con una situación orográfica de montaña, la propiedad en manos de entidades públicas (juntas vecinales), y una propiedad privada de minifundismo y parcelas de escasas dimensiones, donde por lo general no se ha acometido las concentración parcelaria. Terrenos pues poco productivos y difíciles de gestionar.

En el sector ganadero, León cuenta con 25.352 vacas de leche, 36.703 vacas nodrizas, 186.188 ovejas de leche, 149.146 ovejas de carne, 9.683 cabras de leche, 10.782 cabras de carne, 28.000 plazas de conejas reproductoras, 87.784 plazas de cebo de porcino, 7.900 plazas de cerdas reproductoras, 6.800 yeguas reproductoras, 21.000 plazas de vacuno de cebo, 51.240 colmenas, 346.600 plazas de avicultura de carne y 195.000 gallinas ponedoras. En Unidades de Trabajo Agrario, la ganadería ocupa 4.370 UTAs.

El valor de la producción agraria, en años normales en cosecha y precios, representa un montante de unos 700 millones de euros (repartido casi al 50% rama agraria y rama ganadera). Las compras que hace el sector son de unos 400 millones de euros (piensos, abonos, energía, fitosanitarios, productos veterinarios, mantenimiento maquinaria e instalaciones,…..), las ayudas públicas (la PAC y otras) representan unos 100 millones de euros, y unos 120 millones de euros la amortización anual de las inversiones.

En diciembre de 2018 el número de afiliados a la Seguridad Social  en el Régimen Especial de Autónomos con epígrafe agrario ascendió a 6.838 cotizantes, representando el 18,28% de todos los autónomos de la provincia. Los asalariados con labores agrícolas, ganaderas y forestales ascendieron, en diciembre de 2018, a 1.935 trabajadores. Por lo tanto, autónomos y asalariados, con 8.773 cotizantes, representan el 5,72% de todos los cotizantes de la provincia de León. Pero para conocer la verdadera dimensión del sector hay que contar también a un número indeterminado de agricultores a tiempo parcial y a personas de avanzada edad que compatibilizan jubilación y percepción de ingresos agrarios.

REIVINDICACIONES MÁS RELEVANTES

1.         Infraestructuras de nuevos regadíos vinculados al pantano de Riaño (regadíos de Payuelos). Treinta años después del cierre del Pantano de Riaño una buena parte de los nuevos regadíos de León dependientes de esa infraestructura siguen sin desarrollarse, con lo que se ha perdido una generación entera de futuros regantes. Exigimos al Estado y a la Junta de Castilla y León el cumplimiento del Plan Coordinado de Obras publicado en el BOE del 30 de abril de 2015, y en consecuencia finalizar las actuaciones previstas a horizonte 2021, y el resto, dentro del periodo del nuevo Programa de Desarrollo Rural. Dentro de la política de gestión del agua reivindicamos soluciones posibles a la situación de “alegalidad” de los regadíos de la Valduerna, y una revisión de los caudales ecológicos para revertirlos a la situación anterior a la del actual Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero.

2.         Infraestructuras de modernización de regadíos. La mitad de los regadíos de la provincia de León se encuentran ya modernizados, con el consiguiente ahorro de agua e incremento de productividad. La agricultura de regadío de la provincia de León va ahora a dos velocidades, lo que conlleva agravios entre agricultores que no compiten en igualdad de condiciones. Ante la demanda de las comunidades de regantes para acometer las obras de modernización pendientes, ASAJA exige que la Junta de Castilla y León, y el Estado a través de SEIASA, aprueben un plan de actuaciones para desarrollar toda la modernización en el periodo del nuevo Programa de Desarrollo Rural. Relegamos a una etapa posterior a la de la modernización la valoración, y en su caso ejecución de obras, de nuevas regulaciones de ríos (pantanos, presas, embalses).

3.         Defensa del actual sistema de seguros agrarios, con modificaciones puntuales y financiación suficiente. Apoyo financiero por parte del Estado y de las CCAA. En las modificaciones necesarias hacemos especial referencia al seguro de frutales en el Bierzo.

4.         Precios de la leche de vacuno. Unos precios en torno a los 0,33 euros por litro no son suficientemente remuneradores y distan en unos cinco céntimos de euro de los precios medios que desde el año 2016 rigen en la Unión Europea, diferencia que se mantiene también si nos comparamos con nuestros principales competidores como son Francia y Alemania. Los márgenes tan ajustados están echando del sector  a todas las explotaciones de tamaño medio y pequeño, pues únicamente permiten la supervivencia de las bien dimensionadas y bien gestionadas.

5.         Precios de la leche de ovino. La leche de ovino se mantiene con precios estancados que, según la calidad que por otra  parte está muy marcada por la estacionalidad, a duras penas sobrepasan los 0,75 euros el litro, y que no cubren los costes de producción. Esta situación, continuada en el tiempo, está llevando al abandono de granjas y al rechazo de este sector por parte de los jóvenes que se incorporan.

6.         Caída de la rentabilidad en el sector remolachero azucarero. ASAJA defiende la figura de los acuerdos interprofesionales de los que el sector remolachero azucarero ha sido pionero. La industria azucarera tienen que convenir con los productores precios remuneradores que se han de compensar con las líneas de ayudas actuales (ayuda directa al cultivo y ayuda agroambiental del PDR). Los precios actuales ponen en peligro la continuidad del cultivo y las fabricas azucareras, particularmente en la  provincia de León.

7.         Falta de compromiso del sector envasador y de la gran distribución para apostar por la legumbre nacional. La provincia de León tiene un gran potencial para producir legumbres, en particular alubias en regadío, como ya las produjo antes de la incorporación a la UE cuando las importaciones estaban reguladas. Se ha de revisar el  importe de la ayuda asociada por ser escasa, aunque el paso más importante ha de llegar de la mano de los almacenistas apostando por la calidad del producto local y la identificación clara en el etiquetado.

8.         Defensa del actual sistema de módulos fiscales y régimen especial agrario del IVA. Consideramos que la fiscalidad del campo, bajo esta normativa, es justa y sencilla desde el punto de vista burocrático.

9.         Reforma de la PAC. Dotación presupuestaria suficiente, al menos en los niveles de la etapa actual. Compartimos el modelo actual con corrección a favor del agricultor profesional, a favor del “agricultor activo” en contraposición con la figura del “agricultor multiactivo”. Pedimos políticas que incentiven el abandono definitivo de la actividad al llegar a  la edad de jubilación, y la trasmisión de la explotación a un joven o a un profesional ya incorporado. Nos perecen excesivas las exigencias medioambientales.

10.       Incorporación de jóvenes al sector. Compartimos las medidas del primer pilar, tales como el pago joven y la preferencia en la asignación de derechos de la reserva nacional. No compartimos el importe real que se percibe en las ayudas del segundo pilar (por escaso), la irregularidad en las convocatorias, la demora en la resolución y pago de las ayudas, y las múltiples trabajas administrativas. Pero la incorporación de jóvenes no es posible si no se incentiva el abandono efectivo de la explotación por parte de quienes llegan a la edad de jubilación, y si no se priorizan las ayudas en el agricultor profesional y la explotación agraria prioritaria.

11.       Sanidad animal y vegetal: pedimos una mayor coordinación entre el Estado y las CCAAA para que se establezcan planes comunes, se iguale el estatus sanitario alcanzando a los de nivel más alto, y consecuencia de ello no haya riesgo ni restricciones por el tránsito de animales en todo el territorio nacional. ASAJA de León muestra su preocupación por el riesgo de que se reintroduzca en nuestro país el virus de la Peste Porcina.

12.       Productos de calidad. Pedimos la revisión de la norma del porcino ibérico para adaptarla a la realidad actual del mercado, muy particularmente rebajando en dos meses la edad mínima de los animales para el sacrificio.  La provincia tiene un potencial importante en el porcino ibérico de cebo.

Apoyamos la norma que obligas a identificar el origen de la leche y exigimos esa misma con carácter general para todos los productos que sea posible, en particular para la miel.

13.       Mantenimiento del Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios del Régimen  Especial de la SS de Trabajadores Autónomos.

14.       Defensa de la agricultura y ganadería de montaña. Proponemos medidas de carácter horizontal, desde todas las administraciones, en particular las que tienen competencias en agricultura, para compensar las desventajas de estas zonas desfavorecidas. Pedimos políticas de regeneración de los pastos como medida de apoyo a la ganadería y lucha contra los incendios forestales.

15.       Incorporación de la mujer a la actividad agraria y a la titularidad de las explotaciones. ASAJA trabaja en la incorporación real de la mujer en la agricultura y fomenta la figura de Titularidad Compartida de explotaciones, no en vano León es la provincia donde más figuras de este tipo se han creado y la inmensa mayoría se han gestionado en ASAJA. Se comparten las medidas de discriminación positiva aunque sujetas a un control para evitar el fraude y la creación de condiciones artificiales para obtener mayores ventajas.

16.       Control de la fauna salvaje. ASAJA pide un control de la fauna salvaje para que no ocasione daños relevantes en la agricultura y la ganadería, daños que lo son por pérdidas en cultivos o muertes en cabezas de ganadero, así como por contagio de enfermedades comunes entre especies domésticas y salvajes. Además del control de censos, por la guardería forestal y por los cotos de caza, ASAJA exige que se indemnice al ganadero, como daños patrimoniales, por la totalidad de los perjuicios ocasionados.

17.       Seguridad en el campo. El servicio ROCA de la Guardia Civil ha demostrado ser efectivo para el esclarecimiento de los robos en el campo e incluso para disuadir a los ladrones. ASAJA pide seguridad en el campo para las personas y los bienes, lo que ha de pasar por mantener el servicio especial de los equipos ROCA, pero sobre todo por mantener los cuarteles rurales con su plantilla al completo y dotados de los medios necesarios.

18.       Lucha contra los incendios. Los agricultores y ganaderos son los grandes damnificados cuando ocurre un incendio forestal de grandes magnitudes, pues la Ley acota el terreno por cinco años obligando a emigrar en busca de otros patos, y todo por un periodo de cinco años. ASAJA comparte y defiende la lucha contra los incendios forestales aunque a la vez considera que el fuego es una buena práctica agroganadera según en qué ocasiones, y por lo tanto una herramienta que, de forma regulada, debe de  estar en manos de los agricultores y ganaderos profesionales.

19.       Representatividad. El sector agrario de Castilla y León tiene solucionado el problema de la representatividad, de la legitimidad de las organizaciones agrarias, desde que en 1997 se convocaran las primeras elecciones agrarias que se han venido sucediendo con la periodicidad debida hasta el día de  hoy. ASAJA de León considera imprescindible un proceso electoral que mida periódicamente la representatividad del sector en el espectro del agricultor profesional, en todo el territorio español, pero dicho proceso no tiene que significar una duplicidad con el que se celebra en comunidades como Castilla y León.

20.       Apoyo al movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo, bien concebido, es la mejor herramienta del agricultor para la comercialización de los productos y para la compra de los inputs, mejorando su nivel de renta al conseguir márgenes y valor añadido. Pedimos mayor transparencia en la gestión de estas cooperativas cuyas cuentas necesariamente deben publicarse en registros públicos, una buena gobernanza, y unas ayudas incentivadoras pero no distorsionadoras del mercado, y que se condicionen los apoyos a una política de redimensionamiento,  innovación e internacionalización. 21.       ASAJA defiende el derecho de los agricultores a vivir donde quieran, pero la mayoría viven donde tienen su explotación, en el medio rural. Por eso, porque es el lugar natural de nuestros representados, somos los principales defensores de los pueblos y del medio rural en general y demandamos las mismas oportunidades que se ofrecen en un entorno urbano. A los servicios más tradicionales en el campo de la educación, sanidad, transportes, ocio, etcétera, añadimos la reivindicación de acceso a las nuevas tecnologías, a Internet, con las mismas prestaciones en todo el territorio nacional, pues lo contrario es considerar a la gente del campo como ciudadanos de tercera.

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