El ayuntamiento de San Andrés actualmente no tiene contrato del servicio de telecomunicaciones, ni del suministro de gas, ni del gasóleo para los vehículos municipales, ni del suministro de energía eléctrica. Todos estos servicios tienen una facturación de casi 1.000.000 de € anuales.

·       La ley establece taxativamente que tiene que haber una licitación pública para adjudicar qué empresa prestará cada uno de los contratos de suministro, lo que permitirá que se establezcan las mejores condiciones de calidad-precio, sociales, medioambientales e innovadoras que den un mejor servicio a la ciudadanía.

La normativa de contratación del sector público, se establece a fin de garantizar que dicha contratación se ajuste a los principios de libre concurrencia en el acceso a ofertar la prestación de servicios o suministros, de publicidad y de transparencia de los procedimientos, así como de no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Esto permite asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, a la adquisición de bienes y, en este caso concreto, a la contratación de servicios y suministros, que suponen casi un millón de euros al año en nuestro municipio, mediante establecimiento previo de las condiciones y necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa y que cumpla mejor los criterios sociales, medioambientales e innovadores que el Ayuntamiento establezca.

El hecho de seguir sin sacar a licitación todos estos servicios, además de ir en contra de la legislación, va en contra de una gestión óptima de los recursos económicos del ayuntamiento. El objetivo de la licitación de los contratos es lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar, conseguir una mejor relación calidad-precio.

Izquierda Unida de San Andrés considera que con esta práctica se está vulnerando toda una serie de principios, entre los cuales el principio de libre concurrencia es uno de los más afectados.

Es una responsabilidad política y también una responsabilidad técnica que estos servicios tengan su contrato en regla y se atengan a él. Por lo que desde Izquierda Unida exigimos que, en el menor tiempo posible, y en todo caso, antes de las elecciones municipales, se pongan en marcha los procesos de contratación y se estabilice ya de una vez esta situación irregular que arrastramos en nuestro municipio de forma alarmante.

Además, se tiene ahora la ventaja, de que la nueva ley de contratos permite introducir criterios medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto de contrato, que permitirían establecer cláusulas que primaran aquellos aspectos más beneficiosos para la ciudadanía de este ayuntamiento. Pero esta parálisis está impidiendo que esto se lleve a cabo. Izquierda Unida de San Andrés, recuerda que una de las grandes facturas de este ayuntamiento es el contrato de suministro de energía eléctrica. Por eso es imperativo legal que salga a licitación cuanto antes por la cuantía del mismo (700.000 euros anuales) y que se puedan presentar otras empresas que oferten mejor precio y calidad, lo cual redundará en la rebaja de los costes y el mayor beneficio para la ciudadanía de este municipio, que está pagando con sus impuestos estos servicios.

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