“Creo que estos PGE son un punto de inflexión, un cambio de rumbo necesario, para recuperar la confianza de los ciudadanos en la utilidad de la política a través de medidas concretas que favorecen la cohesión, la justicia social, la redistribución de la riqueza y la modernización de nuestra economía.

Virginia Barcones destacó que, dentro del sistema de financiación, se incrementa en casi 340 millones de euros el dinero que recibirá Castilla y León, hasta alcanzar el total de 6.710 millones, “información que no ha sido tenida en cuenta en los análisis previos”.

La delegada puntualizó que “Rondaremos los 1.100 millones, exactamente 1.094 sólo en el capítulo VI de Inversiones Reales. A este dinero habría que sumar otros 3,54 millones de euros del capítulo VII, de Transferencias de Capital y otros 19,3 del Fondo de Compensación Interterritorial”.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha presentado esta mañana el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 en el ámbito de Castilla y León, en el trascurso de una Rueda de Prensa celebrada en la Delegación.

Barcones calificó el proyecto como “como bueno para los castellanos y leoneses”, aunque admitió “que me gustaría, como le pasará al resto de mis compañeros en las distintas comunidades autónomas, que los PGE hubieran sido todavía mejores. Todo es mejorable. Pero, con las lógicas limitaciones que existen a la hora de elaborar cualquier Presupuesto, las cifras que recogen para Castilla y León los convierten en muy positivos para el desarrollo de esta comunidad”.

La delegada del Gobierno puntualizó que “cuando se analiza un presupuesto parece que empieza y termina en los Gastos de Capital, cuando el verdadero espíritu de unos presupuestos se encuentra en otros capítulos, como ahora iremos viendo”.

Así citó que dentro del sistema de financiación, se incrementa en casi 340 millones de euros el dinero que recibirá Castilla y León hasta alcanzar el total de 6.710 millones, información que no ha sido destacada en los análisis previos. “Y tampoco se ha dicho, continuó, que la corrección que introducen estos PGE del desfase financiero producido por el Suministro Inmediato de Información del IVA supone un incremento de la financiación de Castilla y León de otros 150 millones de euros.

En términos absolutos, Castilla y León es la quinta comunidad española en la que el Estado va a realizar más inversiones durante 2019 por detrás de Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia”.

Virginia Barcones puntualizó que “Rondaremos los 1.100 millones, exactamente 1.094 sólo en el capítulo VI de Inversiones Reales. A este dinero habría que sumar otros 3,54 millones de euros del capítulo VII, de Transferencias de Capital y otros 19,3 del Fondo de Compensación Interterritorial”.

“Quiero señalar también, prosiguió, que sabemos que hay partidas que llegarán a Castilla y León y que no incluimos por no estar provincializadas. Así, en los Presupuestos Generales de la Seguridad Social se incluye la apertura de los Centros de Referencia Estatal de León, Soria y Langreo.

Otro ejemplo, en el global destinado a infraestructuras de la Dirección General de la Policía, hay partida suficiente para abordar la construcción de la nueva Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Soria.

Y tampoco podemos atribuirnos una cantidad exacta de los 387 millones, un 7,6% más que en 2018, que el Instituto de Reestructuración Minera destina a estas cuencas”.

En el ámbito general la delegada detalló los tres objetivos de los PGE:

1) Proteger el crecimiento económico reorientándolo hacia un desarrollo más inteligente, inclusivo y sostenible.

2) Fortalecer las políticas sociales después de una década en la que se ha retrocedido en derechos y libertades y, en consecuencia, se ha incrementado la desigualdad. Para un Gobierno socialista, gobernar es redistribuir la riqueza para que los beneficios de ese crecimiento económico lleguen al conjunto de la sociedad y especialmente a los colectivos más vulnerables y a la clase media.

3) Y continuar con la reducción del déficit y de la deuda pública, cumpliendo con el compromiso con nuestros socios europeos y garantizando la estabilidad y sostenibilidad de las cuentas en el presente y sobre todo en el futuro.

Las cuentas que Castilla y León necesita

“Creo, apuntó,  que son las cuentas que Castilla y León necesita porque dan respuesta a retos muy importantes, irrenunciables para esta comunidad autónoma. Entre esos retos se encuentra la solución de los problemas cotidianos de las personas.

Y ¿por qué son unos presupuestos para la modernización económica?

•           Porque apuestan por la transición ecológica y por la gestión de infraestructuras de agua, demanda reiterada por los y las ciudadanas y fuerzas políticas de Castilla y León, cuyo fin es superar las problemáticas relacionadas con el consumo de agua y el regadío. Con este objetivo se contempla un incremento de 14,7 Millones € del presupuesto de SEIASA para el fortalecimiento y el desarrollo de la industria agrícola.

Aquí debo decir que esa es una apuesta que se mantendrá en el tiempo, no sólo en 2019. Los PGE no recogen, por ejemplo, la inversión de 14,5 millones de euros para la modernización del regadío del Campillo de Buitrago, en Soria, algo que ya está comprometido por el Ministerio y que empezará a aparecer en los PGE cuando la Junta de Castilla y León concluya la reconcentración parcelaria y podamos realizar el proyecto. Quiero creer que será en 2020.

•           Con la finalidad de garantizar el desarrollo económico de las comarcas mineras, se promoverá la firma de convenios marco de colaboración entre el Ministerio de Transición Ecológica y las Comunidades Autónomas afectadas por el cierre de la minería del carbón, conforme a la normativa que regule las ayudas que se establezcan para una transición justa de las comarcas mineras del carbón.

Y decía que también son unos presupuestos para la recuperación social.

•           La revalorización de las pensiones recogida en los presupuestos afectará a 562.807 castellano y leoneses, un 23,26% de la población. Para todos ellos las pensiones se incrementan como mínimo un 1,6%, y en el caso de las mínimas y no contributivas un 3%.

Más dinero a fin de mes para que nuestros mayores empiecen a recuperar su capacidad adquisitiva tras años de recortes por las políticas austericidas del PP.  Esta mejora supone un incremento anual de 50,1 millones de euros.

•           Dado el alto número de efectivos que trabaja para las administraciones públicas en Castilla y León, 163.000 personas, es muy importante para esta comunidad el incremento fijo del 2,25% de los salarios. Si a esto sumamos los aumentos de los fondos adicionales (0,25%) y también el variable (máximo de 0,25%), cuyo importe dependerá del incremento del PIB, podríamos estar hablando de unos 236 millones de euros que llegarían a los bolsillos de los empleados públicos de Castilla y León durante 2019 con respecto a 2018. También se continúa con la equiparación salarial de los policías y de los guardias civiles que en nuestra comunidad autónoma alcanzan los 9.500 efectivos.

•           Los presupuestos recogen igualmente la supresión progresiva del copago farmacéutico a los pensionistas, que beneficiará a 447.304 de ellos, lo que representa un 18,49% de nuestra población. La salud de la ciudadanía es un derecho universal y no puede depender del poder adquisitivo de cada uno, como ocurría hasta ahora.

•           Las cuentas públicas recuperan también la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores y cuidadoras, con una inversión de 20,5 millones de euros y 11.692 beneficiarios.

•           Este Gobierno no se olvida de nadie, y por eso los presupuestos recogen una inversión de 4,1 millones de euros para el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital, que va a beneficiar a 31.658 conciudadanos.

•           Los PGE recogen la subida del 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros. Una medida que va en línea con el acuerdo entre sindicatos y patronal para que el salario mínimo por convenio en 2020 alcance los 1.000 euros. Se beneficiarán de esta medida 72.000 castellanos y leoneses.

•           También los parados de mayor edad, los que más dificultades tienen para reincorporarse al mercado laboral, son objeto de atención con la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, que con una inversión en la comunidad de 13 millones de euros beneficiará a 4.589 personas que quieren trabajar y no pueden. Mientras lo consiguen, no nos olvidamos de ellos.

•           La igualdad real entre hombres y mujeres es una de nuestras prioridades, y por eso hemos incrementado de 5 a 8 semanas el permiso de paternidad, con un gasto de 13,2 millones de euros y 8.376 beneficiarios. Los hijos son responsabilidad de la pareja, no solo de las madres.

•           El dinero no puede ser nunca un impedimento para estudiar, y por eso vamos a incrementar las becas con una inversión de 27,4 millones de euros que van a beneficiar a 44.694 ciudadanos y ciudadanas

•           Tampoco nos olvidamos del material escolar en las etapas obligatorias, que en estos presupuestos alcanza una inversión de 1,6 millones de euros y 15.253 beneficiarios.

•           Y combatimos la pobreza infantil con ayudas de comedor para 2.690 niños y niñas y una inversión de 1,8 millones de euros.

•           Desde que llegamos al Gobierno hemos dicho que vamos a luchar denodadamente para erradicar la violencia de género, que algunos partidos de la derecha se empeñan en negar. Para ello hemos incrementado los fondos destinados a los ayuntamientos con este fin, que en el caso de Castilla y León suponen una inversión de 2,3 millones de inversión y 5.410 beneficiarios.

Les he desgranado, finalizó este apartado la delegada del Gobierno, medidas sociales que significan que van a llegar a los ciudadanos de la comunidad unos 400 millones de euros más este año. Gobernamos para las personas y ellas son el centro de nuestra acción de Gobierno”.

En el capítulo de la prestación de servicios, Virginia Barcones apuntó que  “el de la Administración de Justicia es uno de los que todavía no se ha transferido a la Junta de Castilla y León. Se dota a los órganos de la Administración de Justicia de los medios materiales y de las infraestructuras necesarias para un funcionamiento ágil y eficaz, mejorando la transparencia, el acercamiento y la atención a la ciudadanía, así como la adaptación a las nuevas disposiciones legales.

Para ello, durante el ejercicio 2019, se redactarán los proyectos de los nuevos edificios de juzgados de Lerma (Burgos), y de la rehabilitación de la Audiencia Provincial de Salamanca. Se iniciarán y desarrollarán las obras de los nuevos edificios de juzgados de Vitigudino (Salamanca). Asimismo, se ejecutarán las obras de rehabilitación de las Audiencias Provinciales de Salamanca y del edificio judicial de El Burgo de Osma (Soria)”.

No vender humo en infraestructuras

Siguiendo en la línea de inversiones reales, la delegada opinó que en este sentido Castilla y León no ha salido mal parada. “Los 1.094 millones de euros que se van a invertir en Castilla y León durante 2019 son un 9,2 por ciento más que lo que se presupuestó en 2018 (1.002 millones de euros). Es decir tenemos 92 millones de euros más para realizar estas inversiones.

Me han oído decir en muchas ocasiones que no íbamos a vender humo ni a dar largas ni a esconder la verdad. Donde no hay proyecto no se puede licitar obra. Si se recogen partidas presupuestarias imposibles de cumplir se está engañando a los ciudadanos. Un ejemplo, los PGE recogen la cantidad que se va a poder realizar en 2019 en los tramos Quintanilla de Arriba-Tudela de Duero de la A-11 porque hay que licitar la ejecución del proyecto de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y eso lleva tiempo puesto que está sujeto a regulación armonizada de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público.

Y también me han oído decir que considero imprescindible la A-11 como vertebradora no sólo de Castilla y León sino de España. Me congratula ver que el Gobierno le da un espaldarazo importante a esta vía. Se licitan, como ya anunciamos, los dos tramos entre Quintanilla de Arriba y Tudela de Duero. En Soria se inyectan 65,5 millones de euros para avanzar en los tramos que restan, dos de los cuales podrán ser puestos en funcionamiento en los próximos meses.

Se va a redactar, por fin, el proyecto del tramo Langa-Aranda, después de que se rescindiera el contrato con la empresa adjudicataria hace casi tres años y no se hubiera dado todavía la orden de realizarlo.

Y también por fin se contempla una dotación presupuestaria (1,2 M€) para avanzar en la redacción de los 4 proyectos de los tramos entre la frontera portuguesa y la Ronda Norte de Zamora. Castrillo de la Vega (Burgos) – Quintanilla de Arriba (Valladolid). ¿Qué pasa con estos?

Las provincias donde más aumenta la inversión son Soria, con una subida de un 50 por ciento, hasta los 138 millones de euros. Segovia donde contarán con 52 millones de euros, un 23 por ciento más que el año pasado. León, con un 15 por ciento de incremento. Y Burgos con más de un 14 por ciento de subida. Zamora vuelve a ser la provincia con las inversiones más altas con 272 millones de euros”.

La delegada anunció que mañana ofrecerán en rueda de prensa detalles de cada una de las provincias todos los subdelegados.

No obstante, Barcones desgranó las principales actuaciones que estos PGE destinan a la red viaria y ferroviaria, “primero porque, como deducirán, las carreteras y el ferrocarril se llevan la palma en lo que a inversión se refiere, y segundo, porque no son infraestructuras que empiecen y terminen en una sola provincia. Abarcan a más de una”.:

En el proyecto de los PGE-2019 se destinan 404,4 M€ para inversiones de carreteras en Castilla y León (365,5 M€ de la Dirección General de Carreteras más 38,9 M€ de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre -SEITT-). Supone una dotación un 27% superior a la recogida en los PGE-2018 (318,1 M€). 

Sin que figuren en el anexo de inversiones por ser extrapresupuestaria, se prevé una inversión por parte de las sociedades concesionarias de las autopistas de peaje en Castilla y León (AP-1, AP-66, AP-6, AP-51, AP-61, AP-71) de 10,2 M€.

También se destinan 4,6 M€ a mantener las subvenciones de peaje aplicadas en la autopista AP-66 en la provincia de León.

Además, con el objetivo de potenciar el uso de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado, se dota una partida por importe total de 4,2 M€, para toda la red de autopistas estatales de peaje, destinadas a reducciones de peaje según estudios de nuevas necesidades y convenios.

Con cargo a las citadas partidas está previsto, en colaboración con la Junta de Castilla y León, financiar en 2019 nuevas medidas de bonificación del peaje, consistentes en la reducción de hasta el 75% del peaje aplicado a vehículos pesados tipo 2 (vehículos pesados de 4 o más ejes) en la autopista AP-71 entre León y Astorga, con obligación de desvío desde la carretera N-120. Así mismo, se está analizando la viabilidad de aplicar medidas similares en la autopista AP-6 entre Villalba y Adanero.

“Por lo que respecta, apuntó la delegada,  a las obras, además de la A-11 que ya he señalado, quiero destacar que en el proyecto de los PGE-2019 se dotan las partidas necesarias para el desarrollo de los principales ejes de gran capacidad en Castilla y León:

No las voy a citar porque ya las han recogido ustedes, pero hablo de la A-12, de la A-73, de la A-60 o de la A-15, entre otras.

Asimismo, en el proyecto de los PGE-2019 se consignan las partidas presupuestarias necesarias para proseguir con la ejecución de otras obras que están en marcha en Castilla y León. También vienen siendo recogidas por los medios de comunicación desde la misma tarde de ayer: La N-403, la N-I, la A-62 o la SG-20, por dejar constancia de algunas.

En cuanto a líneas ferroviarias, la inversión en Ferrocarriles en Castilla y León de acuerdo al PGE-2019 asciende a 498,83 M€ que se emplearán en la potenciación de las actuaciones entre Zamora y Ourense con objeto de su finalización en los plazos previstos. Para ello se destina a las obras de la línea de Alta Velocidad a Galicia en el tramo Zamora-Lubián-Ourense una dotación total para la línea de 471,7 M€. La inversión prevista en Castilla y León es de 230,3 M€.

Se continúa con las obras de la línea de alta velocidad entre Venta de Baños, Palencia, León y Asturias con una dotación total para la línea de 70,8 M€, para la instalación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, más conocido por sus siglas ERTMS, y duplicación en el tramo Venta de Baños-León y la adaptación al ancho estándar entre León y La Robla. Continúan las obras del soterramiento para la integración del ferrocarril en la ciudad de León.

No me extenderé mucho más porque ya las conocen: La línea de alta velocidad León- Asturias (Variante de Pajares).

La Alta Velocidad Valladolid- Venta de Baños-Burgos-Vitoria con la culminación de las obras de llegada del AVE a Burgos para que puedan empezar las pruebas de seguridad.

La renovación de la estación de Valladolid-Campo Grande. El estudio informativo de la línea de Alta Velocidad entre Burgos y Vitoria y entre Logroño y Miranda de Ebro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

En la Red Convencional, el presupuesto de ADIF contempla una dotación de 82 M€. Destacan la electrificación del Tramo Medina del Campo-Fuentes de Oñoro o la Red Arterial Ferroviaria de Valladolid. Variante Este.

Permítanme que destaque dos de las que han recogido ya ustedes:

El Ramal de acceso al Polígono de Villadangos del Páramo, en León, un compromiso que adquirió este Gobierno para salvar los puestos de trabajo tras la deslocalización de Vestas y la venta de la fábrica a Network Steel.

Y la partida de 800.000 euros para proyectar la renovación integral del tramo Torralba-Soria, obras que estaban adjudicadas y que el anterior Gobierno no sólo no ejecutó sino que rescindió el contrato con la empresa adjudicataria.

En el presupuesto de RENFE se contempla dotación de 26,9 M€ para la realización de actuaciones en estaciones y talleres, de mejora de la seguridad en la circulación, adquisición de nuevo material móvil, actuaciones sobre material existente, grandes reparaciones, accesibilidad del material rodante y sistemas de información y venta”.

Virginia Barcones, llamó la atención sobre el hecho de que el Ministerio de Fomento destinará en 2019 más de 72,7 M€ para la financiación de los servicios ferroviarios declarados Obligación de Servicio Público en Castilla y León. Esta financiación incluida en los PGE permitirá asegurar la prestación de estos servicios, al financiar su déficit de explotación, incluyendo a los nuevos servicios AVANT Madrid-Salamanca de próxima implantación.

Para finalizar su valoración de los PGE 2019 en el ámbito de Castilla y León, Barcones apuntó que “creo que estos PGE son un punto de inflexión, un cambio de rumbo necesario, para recuperar la confianza de los ciudadanos en la utilidad de la política a través de medidas concretas que favorecen la cohesión, la justicia social, la redistribución de la riqueza y la modernización de nuestra economía.

Unas cuentas públicas que defienden la igualdad, frente a quienes quieren retrotraernos a épocas oscuras de nuestro pasado. Los PGE abogan por la justicia social y llevan la recuperación económica a los colectivos más vulnerables y castigados por la crisis, frente a quienes se han olvidado de ellos con sus recetarios de austeridad.

El Gobierno ha hecho su trabajo. Se abre ahora un periodo que nos conducirá, en la semana del 11 de febrero, al debate de enmiendas a la totalidad en el Congreso. Espero que se supere este trámite y que lleguemos al debate de enmiendas parciales en la Comisión de Presupuestos, a principios de marzo. Y a la votación final del dictamen, a mediados o finales de marzo. Saben que una vez pasado el trámite del Congreso, los Presupuestos llegarán al Senado en abril. De ser rechazadas allí las cuentas, volverán al Congreso que en este caso sí tendría capacidad para levantar el posible veto de la Cámara Alta.

Y termino como empecé. A mi juicio, estos Presupuestos son buenos para Castilla y León y pido un ejercicio de responsabilidad a los representantes políticos de la ciudadanía para que puedan ser aprobados por el bien de la inmensa mayoría”.

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