El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León ha registrado dos proposiciones de ley que persiguen, por un lado, incentivar la actividad económica mejorando los instrumentos de financiación a disposición del tejido empresarial de nuestra Comunidad, con especial atención a las PYMES, y con ello la creación de empleo como objetivo esencial de la presente legislatura. Por otro lado, pretende continuar fijando un sistema tributario justo, progresivo, favorable a las familias, impulsando y consolidando beneficios fiscales, modelo que confronta con el propuesto por la izquierda de la Comunidad y el del actual Gobierno de España, que pretenden convertir esta comunidad y este país en un INFIERNO FISCAL, que comprometerá la reactivación económica y la creación de empleo, llevando de nuevo a la práctica los mismos errores que condujeron a este país al borde de la quiebra con anteriores gobiernos Socialistas.

En materia fiscal, la PL establece una nueva deducción autonómica en el IRPF, que consiste en el 15% de las cantidades que destine el contribuyente a la adquisición de un vehículo eléctrico puro, vehículo eléctrico con autonomía extendida, o de vehículo híbrido enchufable con autonomía en modo eléctrico de más de 40 Km, con un límite de 4.000 euros en el importe de la deducción y siempre que no se afecte a actividades profesionales; para ello se modifica el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de diciembre, por el que se aprueba Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.

Esta nueva deducción se sumará a las 51 existentes en Castilla y León. Con su implementación se persigue incentivar la adquisición de este tipo de vehículos en nuestra Comunidad, fomentar la transición razonable hacia una menor utilización de combustibles fósiles, reduciendo las emisiones de CO2 y otras contaminantes en consonancia con la decisión del Consejo Europeo de 2014, que aprobó para 2030 el objetivo de reducir el 40% de los gases efecto invernadero.

En Castilla y León a comienzos del año 2018 existían 7.917 vehículos no propulsados por combustibles fósiles de un parque de 1.800.000 lo que supone el 0.44%. En 2017 en nuestra Comunidad en 2016 se vendieron 79 vehículos y en 2017 163 vehículos eléctricos puros. Respecto a los híbridos en 2016 se vendieron 1.019 unidades y en 2017 1.964. Estos datos reflejan una tendencia favorable a la adquisición de estos vehículos y que esta medida pretende impulsar con el objetivo de alcanzar incrementos superiores al 100%.

Una medida la presentada por el Grupo Popular eficaz, razonable y sensata, que se contrapone con el anuncio efectuado en el día de ayer por el Gobierno de España que pretende acabar con la venta de vehículos propulsados por combustibles fósiles a partir del año 2040 y que es una iniciativa irracional, alejada del sentido común y enmarcada en una radicalización de las propuestas en materia de transición energética. Compromete la actividad que genera la cuarta parte del PIB industrial de Castilla y León, primera comunidad en producción de vehículos en 2017, que pone en riesgo más de 50.000 empleos en nuestra comunidad; un disparate más, que perjudica seriamente a la economía de Castilla y León y que desgraciadamente se une al anticipo del cierre de las cuatro centrales térmicas de nuestra comunidad, el cierre de las explotaciones mineras, de la explotación de hidrocarburos de la Lora y el injusto reparto de los fondos Miner llevado a efecto esta misma semana. Decisiones todas ellas caprichosas que perjudican a Castilla y León. Este es un gobierno que no piensa en el interés general y que legisla contra esta tierra. Cuando Gobierna la izquierda lo hace contra los intereses de esta tierra y sus gentes, y lo hace con la complicidad de un Partido Socialista de Castilla y León silente, cómplice y cooperador necesario con todas estas medidas.

En lo que respecta a la Proposición de ley en materia de mejora de financiación para PYMES, hay que poner de manifiesto el éxito de la Lanzadera Financiera puesta en marcha en enero de 2016, y que a día de hoy cuenta con más de 9.841 solicitudes, con una financiación solicitada de 2.084.900.761,22, millones de euros, de los que se han financiado 1.457.261.407 y se ha asesorado por importe de 331.193.629,00. En estudio se encuentran 37.433.707,76, no se ha atendido 87.986.271, y no se ha financiado 88.230.990. Este instrumento de financiación ha supuesto una inversión inducida de 4.078.032.58298 millones de euros y una creación y mantenimiento de empleo de 169.873 puestos de trabajo.

A esta iniciativa, en el contexto de mejorar la financiación a PYMES también se añade, en el marco del Plan de Crecimiento Innovador, la puesta en marcha con una dotación de 75 millones de euros financiada a través de un préstamo suscrito entre el ICE    y el Banco europeo de Inversiones, de un plan destinado a apoyar financieramente el desarrollo de proyectos de pymes y empresas de mediana capitalización, que se instrumentaliza en formas de préstamos participativos o aportaciones al capital social de empresas que tengan su domicilio social en Castilla y León y son canalizados a través de la sociedad SODICAL.

La excelente acogida de esta medida ha supuesto que transcurrido poco más de un año de su puesta en funcionamiento se hayan agotado los recursos iniciales previstos de 75 millones de euros, consiguiendo una inversión inducida de 260 millones de euros y un empleo generado o mantenido de 7.400 puestos de trabajo.

Con el objeto de dar continuidad a este proyecto se ha presentado esta Proposición de Ley, que modifica la Ley 8/2017, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, incorporando un nuevo apartado 3 al artículo 31. Tras su aprobación permitirá concertar al ICE una operación de crédito por importe máximo de 30 millones de euros. La cuantía anterior podrá ser incrementada dentro de los límites de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

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