El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León pretende con la presentación de esta Proposición de Ley, un cambio ,  para hacer frente, por parte de los empleados públicos, a los retos de la tercera década del siglo XXI.

El Grupo Parlamentario Popular de la Cortes de Castilla y León, dentro de su actividad y con Alfonso Fernández Mañueco como presidente del mismo, han mantenido numerosos encuentros con colectivos de toda índole, entre los que están evidentemente los representantes de aquellas personas que prestan su servicio dentro de la FUNCIÓN PÚBLICA de Castilla y León.

Los Empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma  han sido los principales responsables de mantener la calidad contrastada de nuestros servicios públicos durante el largo y duro periodo de crisis económica. Durante el mismo, se vieron recortados algunos de sus derechos y reducido su sueldo, pero su dedicación y esfuerzo han hecho posible la notable valoración que organismos independientes realizan sobre los Servicios Esenciales: Sanidad, Educación, Servicios Sociales o Atención a la Dependencia; y que colocan a Castilla y León como referente para otras comunidades.

Esta Proposición de Ley podrá beneficiar a los más de 95.000 empleados públicos de toda la Administración de la Comunidad Autónoma, convirtiéndose así Castilla y León en pionera al implantarse por primera vez en España la carrera profesional para todos esos miembros de la Función Pública. En el caso de esta provincia, estamos hablando, y este es un dato muy importante, de 14.517 personas

La Proposición de Ley marca que en los presupuestos de la Comunidad en 2020 deberá dedicarse una partida adicional de al menos 75 millones de euros

Dentro del ámbito de la Función Pública que se va a ver beneficiado por esta Proposición de Ley se encuentran los siguientes colectivos:

–           Todo el personal sanitario, desarrolle o no prestación asistencial

–           Todos aquellos que desarrollen labores docentes en Centros Educativos, tanto Públicos como Concertados, y también todo el personal administrativo o auxiliar.

–           Todo el personal que trabaja en centros de atención a personas mayores, personas con discapacidad, menores….

Todo el personal que trabaja en los servicios territoriales y en el ECY

 La Proposición de Ley persigue también un doble objetivo muy importante: reducir la interinidad y estabilizar el empleo público.

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