En el marco del desarrollo del modelo integral de atención a víctimas de violencia de género ‘Objetivo Violencia Cero’, en 2018 se han impulsado importantes novedades, entre las que destaca la elaboración de informes de valoración de las víctimas que están en los Servicios Sociales, INVIGES, con 1.834 de ellos activos en la actualidad que la Junta ya comparte con jueces, fiscales, todos los profesionales de los Servicios Sociales y las corporaciones locales. Por primera vez se han podido obtener con detalle datos y perfiles de estas mujeres, lo que está sirviendo para adecuar y orientar las actuaciones en función de sus necesidades y preferencias, como es el caso de la puesta en marcha de esas 10 nuevas prestaciones para víctimas dentro del Catálogo de Servicios Sociales. Según los datos de los INVIGES, la violencia de género en Castilla y León incide especialmente en mujeres entre 31 y 45 años, que residen mayoritariamente en núcleos urbanos y que son víctimas a la vez de violencia psíquica y física. Junto a esto, también se va a regular la normativa de autorización y funcionamiento de las casas de acogida, para garantizar una atención integral y seguridad en los centros tanto a las víctimas como a los menores dependientes de ellas y, junto a los centros y casas de acogida actuales, se contempla la existencia de centros especializados según las necesidades específicas de las víctimas.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha presidido la reunión de la Sección de Género del Observatorio de Castilla y León, un órgano en el que se encuentran representadas varias consejerías de la Junta de Castilla y León -Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y Sanidad-, la Federación Regional de Municipios y Provincias de la Comunidad, la Delegación del Gobierno en Castilla y León, las universidades públicas de la Comunidad, CC.OO., UGT, CECALE, ASAJA y federaciones de asociaciones de mujeres de Castilla y León –ISMUR, CERES, FADEMUR, FAMECALE, Red Madre, Mujeres Progresistas, FEMUR Y AFAMMER-. En la reunión del Observatorio se han analizado los datos sobre violencia de género en Castilla y León (se adjunta documentación con los datos de este balance) y los avances en el desarrollo del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género ‘Objetivo Violencia Cero’.

Alicia García ha destacado que 2018 ha sido un año de trabajo intenso de todos los agentes implicados en el modelo integral ‘Objetivo Violencia Cero’ con la puesta en marcha de actuaciones de especial importancia en la lucha contra la violencia de género. Entre ellas han destacado especialmente tres actuaciones que marcan las novedades y avances en esta materia: los informes de valoración social de las víctimas, diez nuevas prestaciones de apoyo a las víctimas en el Catálogo de Servicios Sociales y la regulación del funcionamiento de los centros y casas de acogida.

Información que ayuda a atender las necesidades de las víctimas

Dentro de la atención integral a las víctimas de violencia de género, la Junta comenzó a dotarse el pasado año de una herramienta fundamental para avanzar en la atención a las víctimas que están en los Servicios Sociales, que son los informes de valoración de la violencia de género (INVIGE). Los realizan los coordinadores de caso, con el apoyo de los profesionales de los equipos multidisciplinares, y ofrecen una valiosa información a la hora de tomar decisiones para atender a las necesidades de las víctimas.

El INVIGE se realiza de forma personalizada para cada víctima y en él se refleja su situación personal, familiar y laboral, los apoyos que necesita para ella y sus hijos e hijas y el riesgo social que tiene. Este informe está integrado en un sistema único de información (SAUSS) que pueden consultar y utilizar las secciones de mujer y que se ha puesto a disposición de jueces y fiscales de la Comunidad. En estos momentos se está trabajando con la Delegación del Gobierno de Castilla y León y las corporaciones locales para que puedan acceder a esta información la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local.

El trabajo realizado con la elaboración de los informes sociales ha permitido, por primera vez, conocer con detalle datos y perfiles de estas mujeres, lo que está sirviendo para adecuar y orientar las actuaciones en función de sus necesidades y preferencias. En 2018, se han generado 1.238 nuevos INVIGES y actualmente están activos 1.834 informes, de los que se extraen datos como los siguientes:

Por tipo de violencia, un 45 % de mujeres han sufrido violencia física y psicológica a la vez; un 27 % ha sufrido violencia psicológica; un 8 %, violencia sexual; un 4,3 %, violencia física; y se han detectado ocho víctimas de trata.

Si atendemos a las víctimas especialmente vulnerables, hay un 15 % que son inmigrantes; un 5 %, mujeres con discapacidad; un 3 % se corresponde a víctimas de etnia gitana y un 2,8 %, a víctimas con problemas de drogodependencias.

Por edad, la mayor parte de las víctimas, un 47,3 %, se encuentra entre los 31 y los 45 años, seguida de las mujeres entre los 10 y los 30 años, con un 21,9 %; la de mayores de 65, con un 4,5 %; y la franja con menor número de víctimas es la de menores de 18 años, con un 0,5 %.

Por su lugar de residencia, el 58,2 % de las víctimas viven en el medio urbano y el 41,8 %, en el rural.

Diez nuevas prestaciones de apoyo a las víctimas

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha asegurado que, de la primera de las novedades deriva la segunda novedad importante de 2018, ya que los distintos datos obtenidos de los informes de valoración social están permitiendo orientar las actuaciones en función de las necesidades y preferencias de las víctimas.

García ha señalado que esta orientación ha servido de guía para establecer nuevas prestaciones puestas en marcha en 2018 que Castilla y León incorpora al Catálogo de Servicios Sociales.

Las nuevas prestaciones son el Servicio de apoyo personal y familiar para las víctimas de violencia de género; el servicio de asistencia letrada y defensa jurídica a mujeres y niñas víctimas de agresiones y/o abusos sexuales; el servicio de asistencia jurídica a huérfanos de víctimas de violencia de género; las ayudas económicas a hijos e hijas de víctimas mortales de violencia de género; el acceso gratuito a estudios universitarios en universidades de Castilla y León; la ampliación de la atención psicológica a las menores de edad que sufren violencia de género por su pareja o expareja, a familiares de víctimas asesinadas y la intervención en crisis o emergencia cuando una mujer víctima se encuentra en un centro de acogida; el servicio de atención psicológica de urgencia para las víctimas cuando acuden a las sedes judicial o policial; y, por último, en la atención en centros residenciales se incorporan las nuevas modalidades, como el servicio de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad por enfermedad mental grave; el servicio de atención integral a mujeres drogodependientes en situación de violencia de género y el servicio de atención especializada a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Nuevo Decreto de centros y casas de acogida

Junto a los informes de valoración a las nuevas prestaciones, la tercera de las grandes novedades es que está próximo a aprobarse un Decreto que regulará la autorización y funcionamiento de los centros y las casas de acogida para las víctimas, encaminado a coordinar el funcionamiento de todos estos centros en Castilla y León con la finalidad de mejorar la atención.

Gracias a este Decreto se garantizará en todos los centros de forma similar una atención integral y seguridad a las víctimas y a los menores dependientes de ellas durante su estancia en los centros. Otra de las grandes novedades será que, junto a los centros y casas de acogida existentes, se prevé la existencia de centros especializados según las necesidades de las víctimas, además de un servicio complementario de fomento de la autonomía.

Además, se elaborará una aplicación informática con la que los profesionales podrán gestionar de forma más ágil la gestión de plazas en los centros de la Comunidad y el propio Decreto regulará el régimen de acreditación de los centros.

Otras novedades de este año y nuevas actuaciones

Este año se ha seguido trabajando para intensificar y mejorar el trabajo en red, base esencial del modelo integral ‘Objetivo Violencia Cero’. En el ámbito universitario se han firmado convenios con ocho universidades de la Comunidad; otro convenio con el Consejo de la Juventud, en el que han participado 1.500 jóvenes; otro en el ámbito deportivo con AFEDECYL y otro con el CERMI de Castilla y León centrado en la formación, en el que se han formado ya 210 técnicos de entidades de discapacidad.

Hay que destacar también el convenio con el Consejo de Procuradores de Castilla y León, los acuerdos de colaboración firmados con la FRMP para promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género en los municipios, dotado de 1 millón de euros, y con la Fiscalía de Castilla y León, para pilotar en León, Burgos y Palencia un procedimiento de comunicación. Además, la formación presencial y on-line ha llegado este año a más de 7.700 profesionales del ámbito de los servicios sociales, abogados, jueces, fiscales, técnicos, entidades y periodistas, entre otros.

Las actuaciones de sensibilización y concienciación se han impulsado en tres ámbitos: jóvenes, empresas y medio rural. Más de 28.000 personas se han beneficiado de las actuaciones impulsadas por la Junta en esta materia, de las que 21.000 eran jóvenes y 2.800 empresas. Además, 7.000 mujeres y hombres participantes vivían en el medio rural.

Por último, hay que destacar la apuesta por el uso de las redes sociales para luchar a favor de la igualdad y contra la violencia de género, con el hashtag #YoDigoCero, y el refuerzo de las actuaciones de empoderamiento de la mujer del medio rural con la puesta en marcha de la primera edición de los Premios Emprendedoras Castilla y León rural.

Junto a todo esto se encuentran las nuevas actuaciones que se están desarrollando, que derivan también de los datos que han ofrecido los informes de valoración social INVIGES y se centran en necesidades específicas de las víctimas a raíz de sus perfiles, como la coordinación con la Delegación del Gobierno en el caso de víctimas con valoración de alto riesgo; con la Fiscalía y fuerzas y cuerpos de seguridad en el caso de víctimas de trata; intensificando la detección de posibles casos en mayores de 65 años en el medio rural o residencias; también en la detección en el caso de menores y de mujeres con discapacidad. Junto a esto, se va a poner en marcha un plan de formación para 2019 que dará continuidad a lo hecho y reforzará las necesidades formativas detectadas por los profesionales implicados en la lucha contra la violencia de género.

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