Propone un pacto estatal para el sostenimiento, reparación y mejora de las infraestructuras de la red española de carreteras

Este año vence el plazo de concesión de tres autopistas de peaje que han sido amortizadas (Burgos-Vitoria, Alicante-Tarragona y Sevilla-Cádiz) y el Gobierno debe presentar una alternativa que incluya cómo va a mantener la red una vez vuelvan a ser plenamente públicas, sin contar las nueve radiales que aún no han sido amortizadas.

Recordemos que España es el estado europeo con más kilómetros de autopistas de peaje. Y recordemos también que todas las autopistas de peaje fueron diseñadas y ejecutadas bajo gobiernos del PP. El modelo imperante ha sido el de la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas, con una resultante de geometría variable y desequilibrio del conjunto de la red, en vez de contemplar un diseño global que garantizara un trato ecuánime y justo a los usuarios de los distintos territorios.

El Ejecutivo de Sánchez ha prometido que los usuarios dejarán de pagar peajes en las tres autopistas cuya concesión vence en breve. El ministro de Fomento también ha anunciado que no comprometerá ningún “peaje en la sombra”, esto es, pagar con recursos públicos a empresas privadas; que tampoco quitará peajes antes del final de una concesión y se mantendrán las exenciones vigentes y los tramos de bonificaciones para pesados en torno a un 40- 50%. De otra parte, se contempla la bonificación a camiones y vecinos de determinados tramos en la AP-7, que afecta fundamentalmente a Tarragona y cuya concesión caduca el 1 de diciembre. Y no se van a renovar las concesiones que vencen, de acuerdo con lo que ha aprobado el Congreso.

Esta situación destapa la caja de los truenos de las reivindicaciones autonómicas y sus agravios comparativos.

El presupuesto de conservación de autopistas es preocupante, tanto más que el presupuesto de 955 millones de euros aprobado inicialmente en el Congreso, detraído en 38 millones en el Senado por una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

Para Actúa, lo importante es vertebrar el territorio con sentido del equilibrio y partiendo de situaciones dispares. Por todo ello, avanza las siguientes propuestas:

  • No volver a licitar las concesiones de peaje que finalizan entre 2018 y 2021, sin romper estos contratos de forma unilateral.
  • Apoyar el uso gratuito de las autopistas a medida que finalicen sus contratos de concesión.
  • Estudiar la creación de un fondo de rescate de nuestros peajes para autopistas con fecha de amortización hasta 2050, conscientes de que rescatar una concesión implica calcular cuál es el valor de esa infraestructura en el momento del rescate y probablemente será una cantidad muy importante. No es lo mismo cuándo acaba la concesión, que la infraestructura se entrega gratuitamente al Estado, y por tanto ahí no hay ningún coste para el Estado.
  • Ofrecer alternativas viables y bonificaciones al transporte por carretera, a cambio del desvío de camiones fuera de las autopistas.
  • La negociación de un gran pacto estatal para el sostenimiento, reparación y mejora de las infraestructuras de la red española de carreteras.

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