El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha firmado esta mañana un protocolo de colaboración con el Obispado de Astorga para incorporar nuevas viviendas al Parque Público de Alquiler Social que la Junta de Castilla y León pone a disposición de las familias del medio rural con dificultades económicas y que en la provincia de León cuenta ya con 128 viviendas. Este es el quinto acuerdo de estas características que firma la Junta de Castilla y León tras los alcanzados con las diócesis de León, Ciudad Rodrigo, Palencia y Segovia.

Con la firma de este protocolo, Junta y Obispado de Astorga coinciden en el interés por utilizar viviendas propiedad de la iglesia para ofertarlas en régimen de alquiler social y facilitar así el acceso a personas que, por su situación personal, social o económica, no pueden tener acceso a una vivienda en el mercado libre.

Las viviendas que se incorporen en virtud de ese acuerdo al Parque Público de Vivienda están generalmente localizadas en pleno casco urbano, contarán con todo tipo de servicios, por lo que se optimizan las infraestructuras existentes a la vez que se evita el deterioro del patrimonio inmobiliario de los diferentes núcleos rurales.

Una vez firmado el protocolo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente estudiará las opciones propuestas por el Obispado y comprobará las características de las viviendas propuestas para redactar las memorias de las obras de rehabilitación necesarias para cada una de ellas.

Este compromiso de colaboración entre ambas instituciones tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y para garantizar su cumplimiento se creará una comisión de seguimiento con representantes de ambas instituciones.

Este es el quinto acuerdo que logra la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con representantes de la Iglesia Católica para trabajar conjunta y coordinadamente en facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada y atender situaciones difíciles, especialmente en el medio rural. Desde abril de 2017, cuando se logró el primer acuerdo con el Obispado de León, hasta hoy, se han incorporado al Parque Público de Alquiler Social nueve viviendas propiedad de la iglesia, cuatro de ellas pertenecientes a la diócesis de León, una de Ciudad Rodrigo, tres en Palencia y otra más en Segovia, a las que habrá que sumar las viviendas que aporte el Obispado de Astorga tras la firma de esta mañana.

Suárez-Quiñones ha insistido en su defensa de la necesidad de incorporar el medio rural a las políticas globales de vivienda y ha destacado la repercusión económica de los programas de rehabilitación que está llevando a cabo su departamento en los entornos rurales, además de contribuir a fijar población en esos núcleos de población.

Parque Público de Alquiler Social

Estos acuerdos de colaboración se suman al resto de iniciativas que está llevando Fomento y Medio Ambiente, como el programa ‘Rehabitare’, que ha conseguido incorporar 137 viviendas rurales en régimen de alquiler social distribuidas en 127 localidades de la Comunidad.  

El programa Rehabitare forma parte del Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social y cuyo objetivo prioritario es el fomento del alquiler para las familias y personas más necesitadas a través de ayudas y de la creación de un parque público de vivienda en alquiler.

En la misma línea, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, en colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha firmado también convenios de colaboración con los ayuntamientos de varias capitales de provincia para gestionar coordinadamente, a través de los Centros de Acción Social, el acceso a la vivienda a los ciudadanos que se encuentren en riesgo de exclusión social. 

El Parque Público de Vivienda en Alquiler de la Junta de Castilla y León dispone actualmente de 1.876 viviendas incorporadas de distintas procedencias: las propias de la Administración autonómica desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social; otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb); las incluidas en el Programa Rehabitare, y las viviendas de protección pública propiedad de Somacyl que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra.

El Parque Público de Alquiler Social cuenta con 128 viviendas en la provincia de León, de ellas, 66 son propiedad de la Junta, tres de la SAREB, 25 proceden de diferentes acuerdos con ayuntamientos y obispados y 34, propiedad de Somacyl.

En cuanto a las ayudas al alquiler, la Junta de Castilla y León casi ha duplicado su presupuesto a lo largo de esta legislatura, pasando de los 7,9 millones de euros concedidos en 2015 a los 15,3 millones consignados en el presupuesto de 2018. En León concretamente, los beneficiarios en 2015 fueron 1.202, quienes recibieron ayudas por importe de 1,48 millones de euros, y en la última resolución han obtenido ayuda 2.273 beneficiarios por importe de 2,7 millones de euros.

Apoyo a los jóvenes y al medio rural

La política de vivienda de la Junta de Castilla y León, consensuada en el marco del Diálogo Social, incluye además diferentes líneas especialmente dirigidas a luchar contra la despoblación, mejorando las condiciones de acceso a una vivienda en el medio rural, con especial atención a los jóvenes.

El nuevo Plan de Vivienda 2018-2021 ha incorporado, a propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ayudas para la rehabilitación de viviendas unifamiliares también en el medio rural, a diferencia del plan anterior que solo incluía proyectos de rehabilitación de edificios de 8 o más viviendas, que solo se encuentran en el medio urbano.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente está ultimando la convocatoria de las ayudas a los jóvenes menores de 35 años para la compra de vivienda en municipios de 5.000 habitantes, una línea que pretende fomentar el asentamiento joven en nuestros pueblos, ayudas que vienen a completar las del alquiler incluidas en la última convocatoria para jóvenes y mayores de 65 años, que prevén el pago del 50 % de la renta anual, frente al 40 % del año anterior.

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