Son un escándalo las conversaciones que se han conocido a raíz de las grabaciones a los implicados en la trama Enredadera-Ulibarri. Ni en las películas sobre la mafia y la corrupción del director de cine Scorsese se llegaba a estos niveles.

– No se trata solo de que se puedan ser condenados dentro de un tiempo por delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos, malversación, delitos contra la hacienda pública, blanqueo y pertenencia a organización criminal, como aparece en el sumario. Sino que ya, ahora, como responsables elegidos para gestionar lo público, tras conocerse sus conversaciones grabadas por la policía, se muestra claramente que no son dignos de confianza políticamente y que están utilizando sus cargos públicos para otras “finalidades” completamente diferentes y al servicio de intereses “muy particulares”.

– Deben dimitir todos y ser sustituidos por otros que no estén investigados en ninguna trama de ningún tipo. Izquierda Unida exige tolerancia 0 con la presunta corrupción y la unión de todos los partidos para presionar para que dimitan de sus cargos públicos. Porque el silencio de las direcciones de los partidos las convierte en cómplices.

Es inadmisible que Juan Carlos Fernández continúe representando a la ciudadanía como concejal tras conocerse que quería cobrar una “mordida” de 20.000€ por su mediación en el ayuntamiento por conseguir contratos.

Es inadmisible que sepamos, por las conversaciones grabadas a los investigados, que la alcaldesa María Eugenia Gancedo se sometió al empresario Ulibarri, eje de toda la trama, aceptando finalmente los contratos ahora bajo sospecha.

Es inadmisible que aparezca como “significativa la participación en la trama del concejal Juan Carlos Fernández y el Primer Teniente de Alcalde Miguel Ángel Flores, así como la participación en la trama corrupta de la Alcaldesa y el concejal de Hacienda”. Que refieran que “no hay duda alguna que obtendrán los contratos” porque la alcaldesa ha hablado con los integrantes de la trama y ya ha asegurado que “todo estaba hecho a favor de Gespol”, a través de un técnico, marido de la concejala número dos del Ayuntamiento de Villaquilambre.

Izquierda Unida de San Andrés ya pidió hace más de un mes la dimisión de los cargos investigados hasta que se aclare sus responsabilidades en la trama Enredadera, por el daño irreparable que se está causando a este municipio. Pero una vez abierto el secreto de sumario, estamos descubriendo el entramado de extorsiones, compadreos y manipulaciones escandalosas de cargos públicos del ayuntamiento de San Andrés, gobernado por el PSOE y el PAL-UL, también implicado en la trama.

En San Andrés del Rabanedo aparece en el sumario que el ex-portavoz de Ciudadanos en San Andrés y ahora no adscrito, Juan Carlos Fernández, mantenía conversaciones de presuntos conciertos con la alcaldesa del PSOE, María Eugenia Gancedo, donde a cambio se negociaban las votaciones en los plenos. Así se entiende que Ciudadanos propusiera, y el PSOE-PAL-UL apoyara, quitar a Izquierda Unida como representante del Ayuntamiento en la Mancomunidad de Serfunle, para silenciar cualquier crítica de esos “negocios” que se gestan a espaldas de la ciudadanía y que Izquierda Unida había empezado a denunciar en esta mancomunidad. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada más de lo que ocurre en Serfunle y su empresa asociada Memora, fuente de tantos escándalos y de pérdida de dinero público.

La investigación de la UDEF tiene en el punto de mira a la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, (PSOE); los concejales, también socialistas, Miguel Ángel Flórez y Santiago Blanco; el edil de Ciudadanos ahora expulsado Juan Carlos Fernández y el del PAL-UL Francisco Gómez, que cogobierna junto al PSOE.

Ya pasó el tiempo de “la presunción de inocencia política”, pues ya se empiezan a conocer las transcripciones de sus conversaciones, que les implican claramente en una trama intolerable en política, al margen de las consecuencias posibles de ámbito penal.

Por regeneración democrática y credibilidad de la clase política, se les debe apartar de la vida política. Los vecinos y vecinas del municipio de San Andrés, que ya están pagando con sus impuestos y encarecimiento de servicios públicos la mala gestión de estos políticos durante años, no se merecen que ninguno de ellos les siga representando.

No todos los políticos son iguales. Y por eso debemos establecer un “cordón sanitario” frente a aquellos que pretenden hacer de la política un negocio y no un servicio. Debemos aislarles. Y exigirles reiteradamente su dimisión y a sus partidos su expulsión. Tolerancia 0 ante la corrupción.

Empezando por el “ciudadano Juan Carlos Fernández”, que sigue aferrándose a sus cargos de diputado y concejal cuando está en “libertad con cargos” y hasta el propio partido al que pertenece le ha expulsado, y terminando por la Alcaldesa del PSOE “enredada en esta trama” que se ha extendido por San Andrés del Rabanedo.

Por eso Izquierda Unida exige que todos los grupos políticos sean coherentes con sus declaraciones de honradez, integridad y tolerancia 0 contra la corrupción y se unan a Izquierda Unida para exigirles su inmediata dimisión.

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