El Consejo de Ministros se ha reunido este sábado para aprobar las medidas con las que frenar a Puigdemont.

Activado el artículo 155. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué opciones tiene Puigdemont?

Marcha en Barcelona a la que acuden Puigdemont, el resto del Govern y Colau. El Gobierno avisa de que una Cataluña independiente se empobrecería un 30% y justifica el 155 en la “desobediencia rebelde y sistemática” del Govern. La Fiscalía tiene preparada una querella por rebelión contra el presidente de la Generalitat si declara la independencia. El 68,6% de los catalanes apoya celebrar elecciones, según un sondeo.

El presidente, Mariano Rajoy, ha presidido este sábado la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que ha acordado las medidas concretas en aplicación del artículo 155 de la Constitución ante las actuaciones de los independentistas catalanes abanderadas por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Tras esa reunión, el propio presidente ha comparecido para dar a conocer las decisiones adoptadas, que pasan por el cese de todo el Govern y la asunción de sus funciones por parte de los órganos que designe el Ejecutivo, previsiblemente los ministerios. “La facultad de disolver el Parlament pasa al presidente del Gobierno, que tendrá que convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses, pero mi voluntad es hacerlo tan pronto como recuperemos la normalidad institucional”, ha agregado, antes de recordar que estas medidas tienen que ser aprobadas por el Senado, en el que el PP tiene mayoría absoluta.

Este viernes Rajoy no quiso confirmar si había ya un acuerdo con el PSOE y Ciudadanos para que hubiera elecciones en Cataluña en enero. Desde las filas socialistas y desde la formación naranja sí se apuntó ese acuerdo y se llegó a concretar que la fecha elegida para los comicios es el 28 de enero. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, llegó a confirmar que él mismo pactó con Rajoy el día concreto en el que los catalanes irían a las urnas y este sábado ha reiterado su defensa de que la cita electoral sea ese 28 de enero.

Antes de dar a conocer las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros, Moncloa ha entregado a la prensa una exposición de motivos de once páginas con la que justifica la aplicación del 155 en la “desobediencia rebelde y sistemática” del Govern ante “los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional afectando gravemente al interés general de España”. En ese documento se apunta también que una Cataluña independiente se empobrecería un 30%. 

Las reacciones de los independentistas a lo acordado por el Ejecutivo no se han hecho esperar. El PDeCat habla de “tufo a franquismo” y del “peor ataque en siglos” mientras ERC, su socio en el Govern, lo tilda de “golpe de Estado”. Miembros de ambos partidos, así como todos los miembros del Govern y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asisten a una manifestación convocada por las entidades secesionistas para protestar contra el envío a prisión de los Jordis y “en defensa de los derechos y libertades”.

El Gobierno activa el 155 en Cataluña: estas son las medidas que plantea El presidente del gobierno Mariano Rajoy, durante su comparecencia para explicar la aplicación del Artículo 155 de la Costitución, tras el Consejo de Ministros extraordinario.

Entre ellas, cesa al presidente de la Generalitat, al vicepresidente y los consejeros. Rajoy asume la capacidad de disolver el parlament y convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses. También recorta competencias al Parlament, que no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat. “No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña, se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley”, ha dicho Rajoy. El 115, activado: ¿qué ocurre a partir de ahora?

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido en el Palacio de la Moncloa tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que ha aprobado las medidas para restaurar el orden constitucional en Cataluña, al amparo del artículo 155 de la Constitución. “No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña, se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley, no se acaba con el autogobierno, se recupera para la legalidad”, ha matizado Rajoy.

En este sentido, Rajoy ha anunciado una serie de medidas en aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar el orden constitucional y el Estatut:

  • Cese de Puigdemont y todo el Govern. El Gobierno ha propuesto al Senado —donde el PP tiene mayoría absoluta— cesar al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y los 12 consejeros del ejecutivo catalán (Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Clara Ponsatí, Meritxell Borràs, Antoni Comín, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Lluís Puig, Santi Vila, Carles Mundó, Meritxell Serret). Según ha explicado Rajoy, el ejercicio de dichas funciones se encargará a los órganos y autoridades que cree o designe el Gobierno, aunque la idea es que las competencias las asuman los ministros.
  • Elecciones en un plazo máximo de seis meses. Rajoy ha anunciado, dentro de las medidas del artículo 155, que él asume la capacidad de disolver el Parlamento catalán, con el objetivo de celebrar elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses. No obstante, ha manifestado que su voluntad es que esos comicios se puedan celebrar antes de ese periodo, en cuanto se recupere la normalidad en esa comunidad.
  • Resta competencias al Parlament. La cámara no se disolverá, seguirá cumpliendo su función representativa, pero el Gobierno propondrá que el presidente del Parlament no pueda proponer candidato a la presidencia de la Generalitat y que el parlamento catalán no pueda celebrar el debate y votación de investidura. Según Rajoy, las facultades de control recaerán en el órgano que designe el Senado y el Parlament no podrá adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y al Estatut, mientras que el Gobierno tendría un plazo de 30 días para ejercer su derecho a veto.
  • Control de la Administración de la Generalitat. La Generalitat continuará “funcionando como la organización administrativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas que el Estatuto y su normativa reguladora atribuyen a la Generalitat de Cataluña”. Según el documento aprobado por el Consejo de Ministros la Administración General de la Generalitat actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno. Estos órganos podrán acordar el nombramiento, cese o sustitución temporal con asunción de las competencias correspondientes de cualquier autoridad, cargo público y personal de la Administración de la Generalitat, así como de los organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y de su sector público empresarial.
  • Control de TV3. En línea con lo anterior, el Ejecutivo podrá cesar o nombrar a los responsables de TV3 y Catalunya Ràdio para garantizar una información veraz y respetuosa con el pluralismo político. Así consta en un capítulo del documento aprobado en el que está incluida la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, de la que dependen TV3 y Catalunya Ràdio. Además, en otro apartado del documento se atribuye a los órganos que designe el Gobierno las funciones relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales y las relativas a las tecnologías de la información, en particular del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del Centro de la Seguridad de la Información en Cataluña. Asimismo, en el ámbito del servicio público autonómico de comunicación audiovisual, se garantizará la transmisión de una información “veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural” y con el equilibrio territorial.
  • Despliegue de los Mossos. La aplicación del artículo 155 supondrá que el Gobierno, o el órgano que designe para ello, asuma el mando de los Mossos d’Esquadra. En el documento remitido al Senado consta un apartado sobre seguridad y orden públicos en el que se advierte de que, “acordado el cese del presidente de la Generalitat y del consejero titular del Departamento de Interior”, el ejercicio de las competencias en materia de seguridad corresponden a “los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación”. El Gobierno de Mariano Rajoy, si así lo valida el Senado la próxima semana, “podrá dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los miembros de la Policía de la Generalitat de Cataluña- Mossos d’Esquadra”, según el texto. El Gobierno advierte de que, “en el caso de que sea necesario”, los Mossos podrán ser sustituidos por efectivos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. La plantilla de ambos Cuerpos ha sido reforzada hasta doblar los casi 6.000 agentes que prestan servicio de forma permanente en Cataluña en un despliegue sin precedentes. “El incumplimiento de las disposiciones, actos, resoluciones, instrucciones u órdenes de servicio dictadas por los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación puede ser constitutivo de responsabilidad disciplinaria”, añade el Ejecutivo en un primer término.
  • Competencias económicas. El Gobierno asumirá, a través de los órganos que se designen, la totalidad de ingresos y gastos de la Generalitat para garantizar que “la totalidad de los fondos” no se destinen a actividades vinculadas con el proceso secesionista. Según las medidas acordadas, “se garantiza que la totalidad de los fondos que por cualquier concepto corresponda transferir del Estado a la comunidad autónoma, a sus organismos, entes, entidades y sector público empresarial no se destinen a fines vinculados con el proceso secesionista”. También se garantiza que los ingresos que correspondan recaudar o recibir por cualquier título a la comunidad autónoma o entes dependientes no se dediquen a actividades relacionadas con el secesionismo. En definitiva, el Gobierno se ha comprometido a asumir las competencias “necesarias” en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria que garanticen la prestación de los servicios públicos generales en Cataluña, “en beneficio del interés general, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera”.

Estas medidas, pactadas con el PSOE y Ciudadanos, han sido enviadas por el Ejecutivo al Senado, donde se tramitarán en la Comisión de Comunidades Autónomas o en la que se cree al efecto, para ser votadas en el pleno que se convocará para el viernes 27 de octubre.

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