El Plan Estratégico de Servicios Sociales 2017-2021 responde al compromiso asumido al inicio de la presente Legislatura por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de mejora constante del Sistema de Servicios Sociales y es fruto de un importante proceso de participación social. Las actuaciones contempladas están orientadas a ofrecer a los ciudadanos la mejor respuesta posible en función de las nuevas necesidades sociales que se detectan, siempre teniendo en cuenta la innovación social con el fin de diseñar los Servicios Sociales del futuro. A través del Plan, la Junta quiere alcanzar la mayor eficacia y eficiencia en el funcionamiento del Sistema de Servicios Sociales. El Plan cuenta con siete líneas estratégicas, 32 objetivos y 101 actuaciones, y se estima que beneficiará a 400.000 personas. Se trata de un plan que introduce medidas estratégicas y objetivos que afectan al Sistema de Servicios Sociales en su conjunto y que no están incluidas en otros programas sectoriales. Está dotado con 89,5 millones de euros para sus seis primeras líneas estratégicas, que harían un total de 4.300 millones de euros para todo el periodo si se incluye la séptima línea estratégica, que recoge precisamente las actuaciones ya presupuestadas en esos otros planes sectoriales.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha presentado el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León 2017-2021, aprobado el pasado miércoles por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Su elaboración ha sido fruto de un gran proceso de participación, ya que fue aprobado en la última Sección de Servicios Sociales del Consejo de Acción Social de Castilla y León por más de 60 representantes tanto de la Administración autonómica, de las corporaciones locales con competencias en materia de Servicios Sociales, de las entidades del Tercer Sector de Castilla y León, de los colegios profesionales y de los representantes del Diálogo Social, para posteriormente haber sido abierto a las sugerencias y aportaciones de todos los ciudadanos a través de Gobierno Abierto.

El Plan Estratégico de Servicios Sociales pretende hacer de los Servicios Sociales de Castilla y León un sistema de calidad, eficiente e innovador, que sea accesible y gestionado bajo un enfoque ético, que optimice las aportaciones de todos los agentes implicados, que opere de forma coordinada y que ponga en todo momento al ciudadano como centro de la actuación.

Se trata de un plan que estaba previsto en la Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León y, al mismo tiempo, de un compromiso asumido al inicio de la presente Legislatura por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Tiene carácter integral -plantea actuaciones no previstas en la planificación sectorial ya existente-, que establece líneas de acción estratégicas que afectan al conjunto del sistema, y es vinculante para todas las entidades que forman parte del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública de Castilla y León.

Alicia García ha asegurado que el Plan Estratégico establece 7 líneas estratégicas, 32 objetivos y 101 actuaciones que está previsto que beneficien a 400.000 personas. Está dotado con 89,5 millones de euros para sus 6 primeras líneas de actuación. Si se incluye la séptima línea, que recoge las actuaciones del resto de la programación sectorial ya presupuestada, el total es de casi 4.300 millones de euros.

Su objetivo principal es avanzar en la mejora del sistema de Servicios Sociales y para ello, partiendo de un diagnóstico, se lleva a cabo una planificación estratégica que permita anticipar las necesidades sociales de futuro y dar la mejor respuesta posible. Por este motivo, para su elaboración se han analizado dos aspectos fundamentales: el contexto demográfico y la pobreza y el riesgo de exclusión. En cuanto a la planificación estratégica, ha marcado las líneas estratégicas, los objetivos y actuaciones y los agentes implicados. Todo ello a través de indicadores, y estableciendo una memoria económica temporalizada.

Diagnóstico realizado para la elaboración del Plan y conclusiones

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha referido a que, para la elaboración del Plan Estratégico y de sus líneas estratégicas, se ha realizado un detallado diagnóstico de las principales situaciones de necesidad social de Castilla y León, marcado por dos ámbitos fundamentales: la demografía y la pobreza y la exclusión social.

En lo que se refiere al problema demográfico, el diagnóstico señala que el 24,4 % de la población es mayor de 65 años, y el 9,3 % mayor de 80, por lo que en 2029, tres de cada 10 personas tendrán más de 65 años y una de cada 10 más de 80. Hay que tener en cuenta que Castilla y León es la comunidad más envejecida de España. Otro de los datos que aporta el diagnóstico es que las personas mayores son mayoritariamente mujeres. Así, las mujeres de más de 80 años son 55.423 más que los hombres. Y eso se percibe también en la esperanza de vida: 86,48 para las mujeres y 80,89 para los hombres. Esto está dando lugar a una inversión de la tendencia demográfica, y en la actualidad hay más población mayor que joven, especialmente en el medio rural, donde la media de edad es de 54 años. En cuanto a las personas dependientes, el 78,4 % de los atendidos tiene más de 65 años y la mitad de ellos están en el medio rural, mientras que se incrementa el porcentaje de dependientes que tienen entre 80 y 94 años.

Las conclusiones respecto a este diagnóstico son que se considera necesario hacer frente a este proceso de sobreenvejecimiento y prestar una atención especial a quienes viven en el medio rural, acercando la atención hasta el hogar. Para ello, hay que desarrollar nuevas formas de atención utilizando las nuevas tecnologías y potenciando la coordinación socio-sanitaria. En definitiva, el reto es desarrollar una atención de calidad basada en la innovación y las nuevas tecnologías, que nos permita dar una respuesta más rápida y adaptada a las necesidades de las personas.

El segundo ámbito del diagnóstico es el referido a la pobreza y la exclusión. Como datos más relevantes, cabe señalar que la crisis ha dado lugar a nuevos tipos de empobrecimiento y al incremento de colectivos vulnerables. Aun así, Castilla y León es una de las comunidades con menor índice de pobreza de España, con indicadores de pobreza en línea descendente, similares al período precrisis, 17,7 % y casi 5 puntos por debajo de la media nacional. Castilla y León es también la comunidad española con menor tasa de hogares con carencia material severa, 2 %, y la segunda con menor tasa de pobreza energética, con un 3,6 %. Finalmente, la tasa de pobreza infantil también se encuentra muy por debajo de la media nacional.

La principal conclusión de este diagnóstico en el ámbito de la pobreza y la exclusión social es la necesidad de consolidar las respuestas que se ofrecieron durante la crisis integrando todos los recursos en la Red de Protección, todo ello aprovechando sinergias y elementos transversales que le son comunes a varios grupos en exclusión.

Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León

Con respecto a los recursos, el Catálogo de prestaciones de Servicios Sociales cuenta con 109 prestaciones y a través de él la consejería facilita más de 1,5 millones de prestaciones al año.

En relación a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes, 85.837 personas dependientes son atendidas y reciben 109.515 prestaciones; 24.000 de ellas reciben dos prestaciones.

La Red de Protección a las personas y a las familias contará en 2018 con más de 206 millones y atenderá a 200.000 personas.

12 nuevos planes y proyectos de actuación se pondrán en marcha a lo largo de esta legislatura.

Destaca la Innovación en el marco de la política social europea, con 3 proyectos financiados por la UE.

Los presupuestos, con 925 millones de euros en 2017, un 11 % más en los dos últimos años, son los más elevados en la historia de la consejería.

Y con respecto a agentes, organización y funcionamiento, destaca la colaboración interadministrativa, con acciones como el Acuerdo Marco, con más de 100 millones de euros anuales; la colaboración interdepartamental con otras consejerías como Sanidad, Educación y Empleo; con el sector privado a través de la colaboración con 4.000 entidades; 16 acuerdos firmados con el Dialogo Social desde 2010; y 3.000 profesionales que colaborar a través del SAUSS y la historia social única.

Posición de Castilla y León y enfoque estratégico del Plan

Dentro del análisis de la situación actual también es importante tener en cuenta que Castilla y León es una comunidad que posee un Sistema de Servicios Sociales avanzado que se caracteriza por un alto nivel de desarrollo normativo; por un alto nivel en la prestación de los servicios, tal y como reconoce el Índice nacional DEC, que califica a Castilla y León con un nivel ‘alto’ y como la comunidad española de régimen común con la mejor calificación en desarrollo de Servicios Sociales y, por último, con un eficaz modelo de trabajo coordinado y en red con entidades locales y entidades del tercer sector. A partir de estas realidades, el Plan Estratégico de Servicios Sociales se constituye como una herramienta de construcción de futuro, para lo cual establece una serie de líneas estratégicas y medidas.

Las líneas estratégicas del Plan están orientadas, en primer lugar, a la mejora de la organización, tanto desde el enfoque ético de la intervención social y la mejora de la calidad de los servicios sociales como de la mejora en la eficacia de la actuación de los servicios sociales mediante la innovación y la investigación; en segundo lugar, a la mejora de la coordinación, en tanto que mejora de la información estadística sobre los usuarios del sistema y su intercambio entre los profesionales y la coordinación socio-sanitaria; y en tercer lugar, la mejora en la relación con el ciudadano, a través de la simplificación administrativa, la mejora en la comunicación, la agilización del acceso ciudadano a los servicios sociales y también la mejora en el acceso al empleo como proceso de integración social.

Líneas estratégicas dirigidas a la mejora en la organización

La línea estratégica 1 contempla la mejora de la organización desde un enfoque ético de la intervención social y mejora de la calidad de los Servicios Sociales y cuenta con 5 objetivos y 21 actuaciones.

Entre las actuaciones en esta línea estratégica se prevé la creación de grupos de reflexión ética y comités de ética, implantando sistemas que evalúen el grado de satisfacción de los usuarios con los Servicios Sociales; evaluando y actualizando el catálogo; mediante la acreditación de las personas que trabajan en el ámbito de la dependencia; regulando la prestación del servicio de proyecto de vida; revisando los protocolos sobre sujeciones mecánicas y químicas que garanticen mayor libertad y dignidad de las personas; y líneas de formación para capacitar a los profesionales de los servicios sociales.

La línea estratégica 2 incluye la mejora de la organización desde la mejora de la eficacia de la actuación de los servicios sociales mediante la innovación y la investigación y cuenta con 4 objetivos y 19 actuaciones. Participación en redes europeas dirigidas a la innovación; facilitar el envejecimiento activo; utilización del Big Data para mejorar los procesos de atención; proyecto de Ley de Ordenación y Funcionamiento de la Red de Protección a personas y familias en situación de vulnerabilidad; mejora del servicio de teleasistencia; elaboración de un plan de prevención de la violencia intrafamiliar; proyectos piloto con nuevos modelos de atención y mejora de la calidad de los servicios sociales; desarrollo de soluciones digitales que favorezcan el acceso a los servicios en el medio rural y la promoción de la autonomía personal.

Líneas estratégicas dirigidas a la mejora en la coordinación

La línea estratégica 3 recoge la mejora de la coordinación desde la mejora de la información estadística y sobre usuarios del sistema, y su intercambio entre los distintos agentes, y cuenta con 5 objetivos y 19 medidas.

Entre sus principales actuaciones se encuentra el desarrollo de la historia única; ampliando la recogida de información informatizada a otros ámbitos de la intervención social; desarrollando herramientas informáticas que faciliten la labor de las corporaciones locales en la grabación de datos de usuarios de prestaciones de su competencia; mejorando el intercambio de información sobre usuarios entre la Administración y el sector público, como la publicación del mapa de recursos de la Red de protección, la elaboración de protocolos de derivación de casos y el establecimiento de modelos de plan de intervención.

La línea estratégica 4 contempla la mejora de la coordinación desde la óptica de la coordinación socio-sanitaria y cuenta con 4 objetivos y 14 medias. Esta línea estratégica implica actuaciones como la puesta en marcha de herramientas tecnológicas que faciliten la consulta e interacción con la información socio-sanitaria de los profesionales de ambos campos; el desarrollo de procesos de atención integrada en domicilio y centros residenciales; las alertas con capacidad predictiva del riesgo y que generen alarmas automáticas activando protocolos para los profesionales; el desarrollo de soluciones para el seguimiento de la enfermedad y que controlen descompensaciones en pacientes pluripatológicos; el desarrollo de una plataforma de servicios personalizada que sirva de punto de encuentro único en el ámbito virtual entre el ciudadano y los servicios socio-sanitarios, o la creación de asistentes para la rehabilitación física, cognitiva y funcional que faciliten su aplicación a domicilio.

Líneas estratégicas dirigidas a mejorar la relación con el ciudadano

La línea estratégica 5 recoge la mejora de la relación con el ciudadano desde la simplificación administrativa, mejorando la comunicación y agilización del acceso del ciudadano a los Servicios Sociales, y cuenta con 3 objetivos y 10 actuaciones.

Entre las actuaciones incluye el diseño de aplicaciones para asegurar la accesibilidad desde diferentes dispositivos móviles; el acceso de los ciudadanos a sus certificados a través de la web; la extensión de la cita previa a todas las gerencias territoriales de servicios sociales; la mejora de los procedimientos de acceso a las prestaciones sociales urgentes, especialmente en zonas rurales; la disminución de los plazos de resolución de los procedimientos administrativos; la reducción a tres meses para obtener el derecho a prestaciones de dependencia; la simplificación de los procesos de valoración de discapacidad y dependencia para una misma persona, o dimensionar adecuadamente los recursos para mejorar la atención al ciudadano.

La línea estratégica 6 contempla la mejora de la relación con el ciudadano desde la mejora del acceso al empleo como forma de integración social, y cuenta con 3 objetivos y 10 medias.

Esta línea estratégica implica la ampliación progresiva de la reserva de contratación pública para personas en riesgo de exclusión; la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública de las corporaciones locales para la empleabilidad de los más vulnerables; la elaboración de un nuevo plan de inserción socio laboral de colectivos vulnerables; la ampliación de las cláusulas sociales a otros instrumentos como la subvención o el concierto; la implantación de sistemas para conocer el impacto del empleo que se genera en los servicios sociales y el estudio sobre el retorno procedente de la contratación en el sector de los servicios sociales.

Línea estratégica sobre ejecución, seguimiento y actualización

Por último, el Plan cuenta con una séptima línea estratégica en la que se recogen medidas para el seguimiento, evaluación y actualización de los distintos planes sectoriales ya aprobados y en la que se establecen los indicadores objetivos para determinar el grado de cumplimiento del Plan.

Esta línea estratégica cuenta con 8 medidas relativas al seguimiento del Plan Autonómico de inserción sociolaboral 2016-2020; así como del Plan Estratégico de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad; de la Red de Protección a personas y familias en situación de vulnerabilidad; de la Estrategia de prevención de la dependencia para personas mayores y de promoción del envejecimiento activo en Castilla y León 2017-2021; de la Agenda para la Igualdad de Género 2020; del Plan Regional sobre Drogas 2017-2021; del Plan de inversiones sociales prioritarias y del Acuerdo de Junta sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.