Y que inyecte el dinero europeo que negó para construir la planta en el proceso para asegurar la gestión pública de la basura provincial
Desde IzAb denunciamos los incumplimientos de la UTE formada por Urbaser y FCC, que han saboteado el funcionamiento del CTR desde el primer día, que se han negado a tratar convenientemente la basura porque han cobrado por tonelada recogida en la planta, no por tonelada tratada, porque han provocado un desastre en San Román, vertiendo en los vasos y reduciendo la vida útil del centro de modo artificial, porque en connivencia con políticos de PP y PSOE de la Diputación han generado una deuda no reconocida por el consorcio, de aproximadamente 40 millones, que ha provocado la judicialización .
Para IU lo importante es que el CTR nunca ha llegado a funcionar como centro de tratamiento porque a la UTE no le ha dado la gana y a GERSUL se lo ha permitido, a pesar de los esfuerzos del gerente por fiscalizar su actividad, suponiendo un incumplimiento reiterado de los pliegos de condiciones por los que ganaron la concesión. No nos parece de recibo que debamos pagar de nuestros impuestos la solución a las “soluciones transitorias” como Santa María del Páramo, cuando su recogida y tratamiento ya se habían abonado hace años.
Ahora la empresa fuerza una huelga con la presentación de dos ERE, uno de movilidad geográfica que provoca el cierre de dos plantas de clasificación: la de León y Envases en el Bierzo, y un segundo de modificación de las condiciones de trabajo para empeorarlas. La respuesta es la convocatoria de una Huelga el 4 de mayo. El cierre, o vaciamiento de plantilla como permite se llame el Presidente de GERSUL es ilegal, son medios públicos del Consorcio que directamente no pueden cesar en su actividad. Si Velasco lo permite será denunciado inmediatamente por prevaricación y complicidad con la empresa.
Va siendo hora de tomar medidas drásticas, recordar a la UTE sus incumplimientos, echarla, recuperar la gestión del centro y eliminar todos los chanchullos, colocaciones y situaciones irregulares o directamente ilegales que se vienen tolerando alrededor de la gestión provincial de basuras. Igual la amenaza de Urbaser y FCC con demandar a GERSUL por lucro cesante deba convertirse en una demanda por daños y perjuicios contra estas dos empresas por el daño que han provocado al medio ambiente, a los vecinos y vecinas de la provincia y a las arcas públicas durante los últimos años, sin que a cambio hayan ofrecido ni una sola de las condiciones por las que consiguieron la concesión de la gestión del CTR de San Román.
