Los leonesistas piden a la Junta estudios sobre la salud y evaluación de impacto ambiental independientes

Pasados los meses, con nocturnidad y alevosía, seguimos sin conocer los trámites administrativos que se están siguiendo por parte de la Junta de c. y León para la instalación de la lamentablemente famosa Central de Biomasa que, después del fiasco de su instalación en el término municipal de León, pretende su implantación en el Ayuntamiento de Villaquilambre, más concretamente en terrenos de la Junta Vecinal de Navatejera.

Desde colectivos vecinales de esa localidad se mantiene la oposición frontal a este proyecto como lo hacemos también de UPL, según ha afirmado el secretario general, Eduardo López Sendino, a través de los concejales de este partido en el Ayuntamiento de Villaquilambre, así como la vigilancia que se mantiene a través del procurador en las Cortes, Luis Mariano Santos.

El consejero de Fomento de la Junta, Suarez Quiñones, a preguntas precisamente del procurador de Unión del Pueblo Leonés a este respecto, respondió con evasivas pero con insistentes alabanzas del proyecto que, en sus palabras pretende ser la central de biomasa más grande de España y quizá de Europa, pero sin explicar por qué razón pretende hacerlo a una distancia de menos de 500 metros de núcleo urbano de población, sin que haya un estudio ni mínimamente serio sobre la posible incidencia en la salud no sólo de los ciudadanos más cercanos a la central, sino incluso la incidencia de esta macro central en todos los ciudadanos de León y alfoz, así como sin explicar cuántos puestos de trabajo se crearían y cuántos se destruirían en aquellos centros oficiales que mantiene empleados y técnicos para el mantenimiento de los respectivos sistemas de calefacción, exigiendo desde UPL que esta central se aleje más de dos kilómetros del lugar donde pretende instalarse de cualquier núcleo de población y sobre todo, y previo, se realicen los oportunos estudios de incidencia en la salud de los ciudadanos así como que la evaluación de impacto ambiental sea realizada por técnicos independientes y no de la propia Junta porque no resulta razonable que sean técnicos de la propia Junta quienes se evalúen a sí mismos en el impacto ambiental.