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Aplaudimos igualmente la inicitiva de IU de llevar a fiscalía este escándalo junto a Ecologistas en Acción, más aún por mantener el caso vivo a pesar de los esfuerzos de los investifados por sabotear el proceso.

Antonio Silván debe reflexionar seriamente sobre la situación de Javier García Prieto como concejal del Ayuntamiento de León, exigiéndole su dimisión como corresponsable de un posible delito de administración desleal, que no es más que un suma y sigue en el desmantelamiento de lo que fue Caja España y de la cual solo queda el recuerdo y muchos compromisos de nuevos recortes, cierre de sucursales y despidos, añadidos a la liquidación de su obra social y todas las inversiones y actividades que facilitaba y no se recuperarán jamás.

Igualmente exigimos una auditoría por parte del Banco de España, que calcule el daño perpetrado a la Caja en los años del ladrillo, ponga sobre la mesa el dinero que se fue por la alcantarilla y situe ante su “herencia” a los responsables técnicos, políticos, sindicales, … de este pillaje. Las cifras definitivas deben servir para exigir posteriormente que se devuelvan los millones hurtados a muchos ahorradores, municipios, pueblos y colectivos de todo tipo que conforman una provincia sentenciada a muerte, social y económicamente, entre otras razones, por el asesinato premeditado de su Caja de ahorros.

Los peritos del Banco de España vuelven a declarar el 17 de marzo, tras ellos se sentarán altos cargos orgánicos y públicos del PP, como el flamante nuevo Coordinador del Partido, Martínez Maíllo, o el aludido García Prieto, exrepresentantes del PSOE, de ASAJA, ….. estamos ante un caso lo suficientemente importante y escandaloso como para que las responsablidades políticas, dimisiones, penales, eso esperamos, y económicas, se debe devolver el dinero “distraído”, se pongan en primera línea de la reivindicación pública.

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