La Junta ha licitado 454.299.579 euros a través de la Plataforma Duero de Contratación Electrónica en 2016, prácticamente el doble que el año anterior, en el que se gestionaron 238.997.764 euros en obras, bienes y servicios por esta vía

La herramienta celebra su cuarto aniversario con el objetivo cumplido de facilitar el proceso administrativo más complejo de los que realiza el Gobierno autonómico, garantizar un óptimo control del gasto y mejorar la transparencia, en la medida en que es obligatorio usarla para tramitar todos los contratos públicos.

5 de enero de 2017

Castilla y León | Consejería de Economía y Hacienda

La Plataforma de Contratación Electrónica Duero es un sistema informático que permite llevar a cabo de forma telemática cada paso de los expedientes, lo que conlleva ventajas tan relevantes para la labor diaria de los empleados públicos como la posibilidad de conocer en tiempo real el estado de tramitación en el que se encuentran. Desarrollada íntegramente durante la pasada legislatura por la entonces Consejería de Hacienda, satisface la apuesta del Ejecutivo de la Comunidad por reforzar el control del déficit, puesto que está conectada con el Sistema de Información Contable (SICCAL2) y además es compatible con la factura electrónica.

Durante el año que acaba de terminar la Junta ha licitado 454,3 millones de euros a través de Duero, que han requerido la formalización de 10.357 contratos gestionados por 1.943 trabajadores de la Junta. Se trata de un volumen económico notablemente más elevado que el de 2015, en concreto el 90,1 % superior, ya que a lo largo de ese ejercicio se tramitaron 239 millones en obras, bienes y servicios de la mano de 1.568 empleados públicos que sacaron adelante 9.237 expedientes.

Si se analiza la actividad de la Plataforma Duero por tipo y cuantía, se aprecia que más de la mitad de los contratos que se efectuaron en 2016 fueron de servicios, en concreto 5.501 por un importe de 230,8 millones de euros. A continuación se situaron los correspondientes a los suministros, que ascendieron a 3.452 valorados en 64,3 millones; las obras requirieron 1.118, por un total de 148,7 millones de euros; hubo 222 de servicio público, por 6,3 millones de euros, y se realizaron 64 contratos privados y de naturaleza administrativa especial, por 4,2 millones.

Más transparencia, simplicidad y reducción de cargas para los licitadores

Conviene recordar que la Plataforma Duero de Contratación no sólo es capaz de conectar y admitir el acceso simultáneo a un expediente digital a los funcionarios y autoridades competentes, sino que hace posible incorporar las distintas actuaciones documentales de las empresas licitadoras y contratistas gracias a las técnicas de la administración electrónica.

Con ello se incrementa la transparencia en la contratación pública, se rebajan las cargas administrativas que soportan los licitadores y contratistas y se simplifican, agilizan y homogeneizan los procesos contractuales.

Extensión al ITACYL y el EREN en 2017, que supone llegar a todos los organismos

La Plataforma Duero, que comenzó a implantarse en 2013 y ya ha llegado a todos los órganos de contratación de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos –excepto Sacyl, que tiene un sistema propio–, se extendió en 2016 a la Agencia de Innovación Financiación e Internacionalización (ADE), ente público de derecho privado adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda.

La previsión es extender esta funcionalidad en 2017 al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) y al Ente Regional de la Energía (EREN) que dependen, respectivamente, de las consejerías de Agricultura y Ganadería y Economía y Hacienda. De esta forma, todos los poderes adjudicadores de la Administración General e Institucional de Castilla y León (es decir, los órganos de contratación, los organismos autónomos salvo Sacyl y los entes públicos de derecho privado) gestionarán la contratación pública de manera íntegramente digital.

Es preciso destacar, por otra parte, que la Junta de Castilla y León será la primera Administración en desarrollar la funcionalidad correspondiente a la certificación de obra electrónica, que se pondrá en servicio en el primer trimestre de este año. Con ello se reducirá sensiblemente el papeleo al que hacen frente los contratistas y se conseguirá una total transparencia en la ejecución de la obra pública.