El secretario general de la Sección Sindical de UGT Azucarera, Francisco Fernández, alerta del duro impacto en el empleo en León de esta “medida meramente recaudatoria”

Un ‘no’ rotundo al nuevo impuesto sobre las bebidas carbonatadas y azucaradas anunciado por el Gobierno central. Eso es lo que lanza desde León a toda España Francisco Fernández, de FICA-UGT y secretario general de la Sección Sindical UGT Azucarera, quien manifiesta la oposición radical de todo el sector, desde empleados a agricultores, y exige la retirada inmediata de la propuesta.

Fernández manifiesta la “repulsa” por una medida que, disfrazada de una presunta pero irreal lucha contra la obesidad, no es más que “una medida de mero afán recaudatorio” detrás de la que se esconde “el empeño de este Gobierno por no valorar la trascendencia económica de este sector”, al que quiere hacer pagano de este impuesto.

“Si quieren acabar con el poco mundo rural que sobrevive, este es uno más, quizá el más grave, de los ataques que recibiría”, más en una provincia como León, con tanto empleo directa e indirectamente relacionado con la industria azucarera y el cultivo de la remolacha.

El dirigente sindical recuerda que el sector “ya está a punto de afrontar en 2017, o sea, de manera inmediata, el grandísimo reto de sobrevivir en las mejores condiciones posibles ante el fin de la regulación del sector, con la eliminación de las cuotas” y se pone en riesgo “todo el buen trabajo hecho hasta ahora”.

Y en esta tesitura, de materializarse el actual Proyecto de Ley, “no hay duda que Castilla y León sería el territorio más afectado y con mayor pérdida de empleo y de riqueza” a causa de la medida del Gobierno.

Por eso, el responsable sindical, que sigue manteniendo reuniones constantes con diferentes formaciones políticas y organizaciones agrarias, a las que agradece todo el apoyo que va encontrando, hace un especial llamamiento “a los socios del Gobierno para que estén preparados, con todos los argumentos de peso que les ofrecemos, para tumbar en el Congreso este desastre que se avecina”.

“Hablamos de un ataque directo al empleo, a las posibilidades de futuro del ámbito rural, lo avisamos y no queremos que después alguien se rasgue las vestiduras”, remarca Fernández, quien valora muy positivamente los pronunciamientos en contra de las organizaciones agrarias y algunas instituciones, como las Cortes de Castilla y León.