En 2016, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha potenciado los instrumentos para luchar contra la pobreza a través del empleo, fortaleciendo la Red de Protección a las Familias y el acuerdo con el Diálogo Social para incorporar medidas extraordinarias y poder llegar a más personas. También se ha puesto en marcha el Plan Autonómico de Inserción Socio-laboral 2016-2020 y se han ampliado las cláusulas sociales en la contratación pública y la reserva de contratos, además de implicarse en el desarrollando proyectos de innovación social, como el Proyecto europeo PACT. A pesar de que Castilla y León registra una buena evolución en los indicadores de pobreza y exclusión social, que se encuentran por debajo de la media nacional, Alicia García ha insistido en que la Junta sigue trabajando cada día, implementando nuevos recursos y fortaleciendo los existentes para responder a las necesidades más básicas y procurar la efectiva integración social a las personas más desfavorecidas.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha clausurado el seminario ‘Crecimiento Inclusivo, empleo y lucha contra la pobreza’ organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN España, que se ha celebrado en el CREFES de Valladolid. La consejera ha explicado que la lucha contra pobreza y la exclusión social y la construcción de una sociedad más justa es un objetivo prioritario de las políticas sociales de la Junta de Castilla y León. A pesar de la buena evolución de los indicadores de pobreza y exclusión social de Castilla y León, con tasas de riesgo de pobreza y de personas con carencia material severa inferiores a la media nacional, García ha insistido en la necesidad de seguir trabajando para responder a las necesidades más básicas de las personas desfavorecidas y procurar su efectiva integración social.
García ha destacado el esfuerzo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en los últimos meses, para reforzar y potenciar los instrumentos dirigidos a conseguir estos objetivos. Entre las iniciativas más importantes que se han puesto en marcha recientemente, la consejera ha destacado el fortaleciendo la Red de Protección a las Familias y el acuerdo con el Diálogo Social mediante el que se incorporan medidas extraordinarias que la refuerzan, flexibilizando y compatibilizando sus principales prestaciones que podrían beneficiar a más de 8.000 personas, además del compromiso de elaborar un Proyecto de Ley de la Red; la puesta en marcha de un Plan Autonómico de Inserción Socio-laboral 2016-2020 dotado con 335,6 millones de euros que podría llegar a 109.000 personas; la ampliación en la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública y la reserva de contratos o la implicación en el desarrollando proyectos de innovación social como el Proyecto europeo PACT.
Refuerzo a la Red de Protección a las Familias
Respecto al fortalecimiento de la Red de Protección a las Familias, Alicia García ha señalado que a raíz de los compromisos alcanzados a inicios de año en el seno del Diálogo Social, en abril se aprobó en forma de Decreto-Ley un conjunto de medidas encaminadas a reforzar la Red de Protección a las Familias afectadas por la crisis. En la necesidad de seguir mejorando el funcionamiento de la Red, Alicia García ha recordado el compromiso de la Junta de elaborar un Proyecto de Ley de la Red de Protección a las Personas y Familias, que perfeccionará su configuración y funcionamiento, además de dotarla del máximo rango normativo incorporándola al Estatuto de Autonomía. El presupuesto para la Red de Protección a las Familias en 2016 es de 180 millones de euros con una previsión de atención a 180.000 personas.
Esta Red está ofreciendo respuestas a miles de familias y personas en Castilla y León, atendiendo a una media superior a las 150.000 al año, suministrando alimentos a una media de 25.000 personas al año, con ayudas económicas para atender necesidades de urgencia social de las que se beneficiaron 27.000 personas en 2015. La Red protege el derecho de las personas a mantener su vivienda, a través del Servicio Integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, que ha atendido desde su puesta en marcha a casi 4.700 familias y gracias al cual ninguna de las familias que acudió a este programa sufrió desalojo forzoso. Al mismo tiempo, la Red cubre de modo especial las necesidades básicas de los menores de edad y también garantiza unos ingresos mínimos a las personas o familias afectadas por la crisis mediante la Renta Garantizada de Ciudadanía. A esta Renta Garantizada, que desde su puesta en marcha ha beneficiado a más de 64.000 personas, la Junta destina un presupuesto para 2016 de 69 millones de euros.
Plan de Inserción Socio-laboral y cláusulas sociales en la contratación
La consejera ha destacado también el trabajo de la Junta de Castilla y León en los últimos meses para facilitar el acceso al empleo de las personas más desfavorecidas a través de la elaboración de una herramienta como es el primer Plan Autonómico de Inserción Socio-laboral para el periodo 2016-2020, dotado con 335,6 millones de euros para todo el periodo y con el que se refuerza la acción protectora de las personas más vulnerables y también se mejora su inclusión social y laboral. Se estima que el conjunto de acciones de formación, orientación e inserción laboral podrá llegar a 109.000 personas en todo el periodo temporal de desarrollo del Plan. Está elaborado con la participación e implicación del Diálogo Social y de las entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de la exclusión, como EAPN Castilla y León, y contempla todos los aspectos de la inserción laboral, abarca actuaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad y a facilitar tanto el acceso como el mantenimiento del empleo, todas ellas adaptadas a las circunstancias y perfiles de las personas a través de los itinerarios personalizados de inserción socio-laboral.
García ha recordado que el Plan de Inserción Socio-laboral está sustentado en la innovación social que incorpora la metodología del Proyecto Europeo ‘PACT’, iniciativa europea de casi 2,8 millones de euros liderada por Castilla y León y en la que EAPN Castilla y León es uno de los principales socios de la Junta. El proyecto ‘PACT’ está enfocado a potenciar la Red de Protección y la inserción socio-laboral de los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía con dos estrategias interconectadas: la alianza público-privada y la inversión social proactiva.
Junto al refuerzo a la Red de Protección y la puesta en marcha de un Plan de Inserción Socio-laboral, otra de las iniciativas recientes ha sido la aprobación, en julio, de unas nuevas directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. Se ha ampliado la reserva de contratos, además de a Centros Especiales de Empleo como hasta ahora, a empresas de inserción e implanta los proyectos de inserción socio-laboral en Castilla y León en forma de contrataciones de la Administración de la Comunidad, con la condición de promover la inserción laboral de personas que estén en situación o riesgo de exclusión social.
