contratacion publica responsable

El Consejo de Gobierno actualiza el Acuerdo de 2012 y aprueba las nuevas directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad sobre la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. Las novedades más destacadas son la ampliación de la reserva de contratos, además de a los Centros Especiales de Empleo como hasta ahora, a las empresas de inserción laboral; la creación de los proyectos de inserción socio-laboral para fomentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social con ocasión de la tramitación de contratos del sector público; la puesta en marcha de un ‘Banco de buenas prácticas’ que servirá de asesoramiento y orientación en la aplicación de las cláusulas sociales. Además, se eleva del 6,5 % al 6,8 % la reserva de contratación.

Los resultados obtenidos de la aplicación del Acuerdo de 2012 de cláusulas sociales en la contratación llevan a la Junta de Castilla y León a avanzar en la construcción de una contratación pública socialmente más responsable que mejore en la incorporación al empleo de los colectivos que más dificultades encuentran. Con este objetivo, el Consejo de Gobierno ha aprobado por Acuerdo las nuevas directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.

El nuevo Acuerdo consolida todos los aspectos sociales incorporados en el Acuerdo de 2012 sobre reserva de contratos para Centros Especiales de Empleo y la práctica habitual de incorporación de cláusulas sociales a los contratos en la contratación ordinaria y, como una de las novedades, incorpora también a las empresas de inserción en el mecanismo de reserva de contratación vinculante, reservando anualmente un importe objetivo de contratos de 500.000 euros. Además, el nuevo Acuerdo facilita aún más a los órganos de contratación la incorporación de cláusulas sociales mediante un catálogo de cláusulas explícitas que dé lugar a la puesta en marcha de un ‘Banco de buenas prácticas’.

La novedad más destacada del nuevo Acuerdo son los proyectos de inserción socio-laboral, entendidos como actuaciones para fomentar la contratación de personas en situación o en riesgo de exclusión social. Estos proyectos permitirán a las empresas ordinarias incorporar a trabajadores de colectivos desfavorecidos, para lo que se ha dispuesto de una cuantía objetivo de un millón de euros.

El nuevo Acuerdo y sus directrices vinculantes impulsan de esta forma la incorporación de aspectos sociales en la contratación que desarrolle la Administración General e institucional de la Comunidad a través de tres instrumentos bien definidos: cláusulas sociales, reserva de contratos y proyectos de inserción socio-laboral.

Cláusulas sociales para el acceso a las pymes y creación del ‘Banco de buenas prácticas’

El Acuerdo establece la incorporación de cláusulas sociales en las distintas fases de la contratación pública que primen, a la hora de adjudicar un contrato, a aquellas empresas con una visión más social, a aquellas que incorporen medidas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, la inserción laboral de personas con discapacidad, el fomento de la estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas.

El Acuerdo será aplicable con carácter vinculante a toda la contratación desarrollada por la Administración General e Institucional de la Comunidad, incluido el sistema de adquisición centralizada siempre y cuando los costes adicionales que supongan los aspectos sociales que se incorporen a los contratos derivados como condición de ejecución sean asumibles dentro de los precios máximos de los catálogos de homologación.

Se aplicarán las cláusulas sociales a cualquier contrato siempre que sea posible y se optará por incorporar las condiciones que sea más adecuadas para potenciar los aspectos sociales en la contratación. Junto a esto, se añade, como medida social, facilitar el acceso de pymes a la contratación pública, para lo cual los órganos de contratación podrán optar por adjudicar los contratos buscando el tamaño más adecuado de los lotes con el fin de racionalizar la contratación.

La materialización de las cláusulas sociales se realizará mediante su consideración como criterio de valoración de las ofertas, como condición de ejecución del contrato y como preferencia de adjudicación. Para facilitar la labor de los órganos de contratación, el nuevo Acuerdo incluye un catálogo activo de posibles cláusulas a incluir en los contratos, de manera que cualquier órgano de contratación podrá incorporar nuevas cláusulas. Esto dará lugar a la puesta en marcha de un ‘Banco de buenas prácticas’, mediante una página Web en la que se publicarán las cláusulas sociales recogidas en este Acuerdo y otras nuevas que se vayan desarrollando, con el fin de que sirvan de orientación y asesoramiento en su aplicación.

La reserva de contratos sube al 6,8 % y se amplía a empresas de inserción

Se enriquece y amplía este acuerdo con la reserva de contratos, además de a los Centros Especiales de Empleo como hasta ahora, a las empresas de inserción. También se ha ampliado el catálogo de actividades objeto de reserva respecto al Acuerdo anterior.

Junto a la incorporación de las empresas de inserción en la reserva de contratos, es destacable también que el compromiso de la Junta de reserva para la participación en los procedimientos de contratación tanto a centros especiales de empleo como a empresas de inserción se eleva del 6,5 % al 6,8 % del presupuesto total adjudicado en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior, para el conjunto de actividades que por su naturaleza sean susceptibles de reserva a este tipo de centros y empresas.

Proyectos de inserción socio-laboral como gran novedad del Acuerdo

Los proyectos de inserción socio-laboral constituyen la novedad más destacada del Acuerdo. Se trata de proyectos con actuaciones de fomento de la contratación de personas en situación o en riesgo de exclusión social con ocasión de la tramitación de contratos del sector público. Los colectivos inicialmente destinatarios de estos proyectos de inserción socio-laboral serán beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía acogidos a un programa de inclusión social, víctimas de violencia de género y personas con discapacidad.

Estos Proyectos de Inserción socio-laboral en Castilla y León permitirán que cualquier empresa pueda formar parte activa de la inclusión de aspectos sociales en la contratación, aumentando con ello su responsabilidad social.

Balance del Acuerdo 2012 de cláusulas sociales

Castilla y León cuenta con 195 centros especiales de empleo repartidos en 237 centros de trabajo, que dan ocupación a 4.683 personas con discapacidad, según datos a 31 de diciembre de 2015. La Junta de Castilla y León asumió en el Acuerdo de 2012 el compromiso de reservar anualmente el 6,5 % del importe total de los contratos de la Administración autonómica para estos centros especiales de empleo, con un catálogo de actividades como limpieza, mantenimiento de zonas verdes, recogida de papel, lavandería, etc.

Desde su entrada en vigor el 1 de septiembre de 2012, hasta el 31 de diciembre de 2015, se han adjudicado 1.332 contratos reservados por importe de 18.853.595 euros, lo que supone un 21,04 % del importe total adjudicado.

Además de las reservas de contratos para centros especiales de empleo, el Acuerdo de 2012 trató de impulsar en las empresas una visión más social. Para ello, la Junta primó a la hora de adjudicar un contrato a aquellas empresas que incorporaran medidas sociales que redundaran en el fomento del empleo de personas en riesgo de exclusión social o en la inserción de personas con discapacidad, que fomenten la estabilidad en el empleo o que promocionen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, valorándose entre otros aspectos, que la plantilla cuente con personas con discapacidad.

Desde la entrada en vigor del Acuerdo el 1 de septiembre de 2012, hasta el 31 de diciembre de 2015, se han adjudicado 5.434 contratos que incorporaban clausulas sociales por importe de casi 588 millones de euros, lo que supone un 64,04 % del importe total adjudicado.

 

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