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Criticamos la Ley que exime del pago del IBI a determinadas organizaciones sin supuesto ánimo de lucro por ser un coladero para evitar este impuesto, y pedimos al gobierno que salga de las urnas que la cambie.

Desde León en Común hemos pedido al equipo de gobierno un listado de los edificios y terrenos exentos de pagar el IBI en la ciudad de León. Desde el Ayuntamiento se nos ha entregado precisamente eso, un listado, aunque sin indicar el propietario o propietaria ni el total de la exención. El motivo aducido para no informarnos de la titularidad es la Ley de protección de datos, la cual aplican incluso cuando el titular no es una persona física, como es el caso, sino personas jurídicas. De aquí nuestra primera crítica, a la falta de transparencia sobre un dato fiscal que, por el descenso en los ingresos de las arcas públicas que provoca, afecta directamente a toda la ciudadanía.

Nuestra segunda crítica va dirigida a la propia Ley que exime del pago del IBI. Haciendo un primer estudio de los inmuebles, nos hemos encontrado con determinados usos de los mismos que nada tienen que ver con motivaciones «sin ánimo de lucro». Por citar algunos, locales que albergan bancos, supermercados, bares, y otros negocios; viviendas alquiladas a particulares, plazas de garaje, trasteros, y terrenos sin uso claro. Creemos que no debería aplicarse la exención a todas las propiedades simplemente por pertenecer a una entidad sin supuesto ánimo de lucro.

También nos ha llamado poderosamente la atención el elevadísimo número de inmuebles que son propiedad de la Iglesia, de los cuales, por supuesto, casi ninguno paga IBI. Indagando a mayores de la pobre información facilitada por la Concejalía de Hacienda, averiguamos que la Iglesia posee en torno a 250 propiedades en la ciudad, de las cuales unas 120 son viviendas. Sumado el valor catastral, la Iglesia posee en León un patrimonio inmobiliario por valor de unos 170 millones de euros, los cuales, recordamos, al ser valor catastral, solo representan aproximadamente el 50% del valor real de de este patrimonio. En contra de lo que se podría pensar, no es la Catedral el edificio con mayor valor; de hecho, ni siquiera se encuentra entre los 10 primeros valores de los poseídos por la Iglesia.

Por todo esto, pedimos al gobierno que salga de las urnas el próximo 26 de junio que revise esta Ley. Podemos entender que locales destinados a fines sociales justificados estén libres del pago del IBI. Incluso podríamos llegar a asimilar la condonación del tributo a locales destinados a fines sociales con lucro, como los centros de salud privados propiedad de la Iglesia donde la misma cobra escrupulosamente por los servicios prestados. Lo que nadie puede asumir es que, mientras la ciudadanía pagamos religiosamente el IBI, haya organizaciones que se estén aprovechando del estatus legal actual para evitar este impuesto en propiedades destinadas a percibir un beneficio económico.

Para terminar, opinamos que el Ayuntamiento de León, con una deuda del 170% de su presupuesto anual, y con unos servicios públicos pobres a causa de la pésima situación económica que sufre, no puede permitirse renunciar a estos ingresos. Por ello, pedimos al Alcalde y a su equipo que insten a sus compañeros de partido a que modifiquen la Ley para acabar con este trato de favor.