Ante la pasividad de la Junta, existe una doble discriminación para las niñas en los Campeonatos Escolares de Gimnasia Rítmica de Castilla y León.
El próximo sábado 28 de mayo se celebra la “Final Escolar del Campeonato de Gimnasia Rítmica de Castilla y León”, denominación que lleva a equívoco tanto a las familias como a las propias niñas, que creen que esta competición es un eslabón entre los campeonatos provinciales en los que han sido previamente seleccionadas y otros de ámbito territorial superior. No es así, pues se trata de un campeonato aislado.
En este evento deportivo, organizado por la Federación de Gimnasia, el 99,9% de las participantes son niñas, alrededor de 1000 niñas de todas las edades y de toda la Comunidad.
Parece poco lógico que una celebración deportiva de estas características tenga lugar en una plaza de toros y no en un polideportivo. Y es que por quinto año consecutivo el evento se celebra en la plaza de toros de la localidad de Íscar.
Para participar en el campeonato, cada niña debe pagar 40 €, lo que impide que las que forman parte de las familias más castigadas por la crisis puedan hacerlo.
Quien quiera acceder al recinto para presenciar el campeonato, esencialmente los familiares de las participantes, tendrá que abonar una entrada de 2€, convirtiendo así a las niñas, maquilladas como mujeres adultas, en parte involuntaria de un espectáculo lucrativo lejos de los objetivos del Programa de Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2015-16: “Las actividades deportivas en edad escolar irán dirigidas a todos los escolares sin excepción”. Y contraviniendo la Ley 2/ 2003, de 28 de marzo del Deporte en Castilla y León, que entre los Principios rectores de la política deportiva de la Comunidad, contempla “promover las condiciones que favorezcan la igualdad de la mujer en el deporte y su plena incorporación a la práctica de la actividad física y deportiva, a todos los niveles”.
Ante la inquietud de muchas familias, desde el Grupo Podemos se contacta con la Dirección General de Deporte la Junta de Castilla y León, que por su parte no ve problema en lo que está sucediendo, La Consejera de Cultura, responsable política, debería aclarar tantas irregularidades concentradas en un solo evento que afectan a lo económico (mueve anualmente más de 40.000 euros.), y que atentan directamente contra otros derechos fundamentales: el trato igualitario y la no utilización de menores en espectáculos con fines lucrativos.
