Debe dimitir porque es la única responsable de los 4,3 millones que, por sentencia, hay que pagar a Aquona fruto del acuerdo que ella firmó en 2010

“Nunca sabremos dónde fueron a parar los cuatro millones de euros que pagó la empresa a cambio de subir el precio del agua y tener el servicio hasta el año 2046”

El PP aclara que no pagó las facturas por la misma razón que no lo hace PSOE-PAL, por tener informes que ponen en entredicho la legalidad del acuerdo del 2010

La sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo 2 de León, que condena a pagar al Ayuntamiento de San Andrés 4,3 millones de euros a la empresa Aquona, concesionaria del servicio de agua, es la gota que colma el vaso de la irresponsabilidad de la alcaldesa de San Andrés, María Eugenia Gancedo, que firmó en septiembre del 2010 un acuerdo con dicha mercantil para subir de forma desproporcionada la tasa del agua a los ciudadanos (hasta 1,22 euros por metro cúbico) y ampliar la cesión del servicio hasta el año 2046, “una prórroga sin sentido y con espurios fines, toda vez que no era necesaria porque el contrato ya expiraba en el año 2031. El PP se pregunta qué necesidad había en el 2010 de prorrogar un contrato 15 años más allá del 2031 “hipotencando el futuro de no menos de tres generaciones”. Según los populares, los “efectos devastadores de la gestión Gancedo se sufrirán varias décadas” ya que ha convertido la gestión del agua en una “ruina” cuándo para cualquier municipio es un ingreso importante. Y para terminar de “hundir” al Ayuntamiento, recalca el PP, Gancedo estableció no sólo la subida del agua sino una fórmula polinómica de revisión que actualmente establecería el precio del agua por encima de 1,32 euros por metro cúbico. “Cuándo en otros municipios el precio del agua se estanca o incluso baja, en San Andrés, gracias a la llamada fórmula polinómica de revisión, cada año el agua será más cara y el déficit tarifario también, por lo que la deuda se incrementa mes a mes”, explican los ediles del PP que añaden que el “colmo” es que esta cantidad de millones de euros no esté contemplada en el presupuesto que tan “orgullosamente” se jacta de haber aprobado la señora alcaldesa.

“Lo más fácil es echar la culpa al PP pero esta sentencia tiene una sola responsable que es María Eugenia Gancedo y por ello debe dimitir” exigen desde el PP que recuerdan que por aquel entonces también Gancedo era regidora y como estaba con el agua al cuello decidió firmar este acuerdo “a la desesperada” que incluía el pago de 4 millones de euros de la concesionaria al Ayuntamiento “que nunca supimos para qué se utilizaron pero que para lo único que han servido es para ampliar más aún la deuda millonaria que dejó y que, a día de hoy, sigue incrementando”.

El PP defiende que no pagó las facturas giradas por la concesionaria durante al tiempo que gobernó, exactamente lo mismo que hizo Gancedo entonces y que sigue haciendo en la actualidad. “Las facturas se devolvieron porque en cada una de ellas el informe de Intervención deja claro que el acuerdo que firmó Gancedo en septiembre de 2010 es de dudosa legalidad ”, argumentan los populares.

Para los populares sólo existen dos posibles soluciones para normalizar la situación. La primera, pagar la sentencia y la segunda subir el precio del agua tal y como acordó la alcaldesa en dicho acuerdo. “Ella y solo ella lo hizo por lo que debe de correr con las consecuencias”,  indican. En el caso de que se opte por recurrir la ilegalidad del acuerdo plenario y se rescinda el contrato, conllevaría la devolución de los cuatro millones de euros que pagó la empresa en el 2010, “cuyo destino desconocemos”, más el lucro cesante (beneficio que la empresa no ha percibido ni percibirá hasta el 2046, fecha hasta la que tiene la concesión del servicio). Según los populares, “la señora Gancedo no tiene ni un solo motivo para presumir de gestión mientras que sí tiene muchos para irse para su casa ya que no está capacitada para gobernar”. Además recuerdan que por todos estos hechos han un procedimiento judicial abierto debido a que la regidora socialista tomó “una decisión arbitraria, injusta, contraria a los intereses de los ciudadanos y muy perjudicial para ellos”.

Fue el PSOE quien firmó en el año 1996 el primer contrato para la explotación del servicio de agua en el municipio con esta empresa, contrato que se modificó en el año 2003 para incluir la gestión de la red de saneamiento. En septiembre del 2010 fue el PSOE el que amplió la concesión hasta el año 2046, no sin polémica que se dirime en la actualidad en los juzgados, y quien acordó la subida del agua que está aún pendiente de aplicar desde entonces. La sentencia hace referencia a la prestación del servicio de abastecimiento de agua entre los años 2010 y 2014. Cantidad a la que habrá que sumar las siguientes facturas hasta la actualidad, puesto que el equipo de gobierno PSOE-PAL tampoco ha abonado ni una sola factura a la mercantil. Ante este hecho, el PP se pregunta por qué el equipo de gobierno no está pagando las facturas tanto que critica que el PP no lo hizo debido a la advertencia de ilegalidad del departamento de Intervención.

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