En dos meses, en la provincia de León se han vivido dos cuestiones en materia de agricultura y ganadería que por su identidad han sido merecedoras de la atención de las organizaciones agrarias, de la clase política, de la administración con competencias en  el sector, y de la sociedad en su conjunto. Me refiero a la crisis general del vacuno de leche con  el problema particular de ganaderos sin recogida, y me refiero a la situación de la agricultura de regadío por el retraso en las siembras debido a la climatología y consecuencia de ello una enorme pérdida económica -un poco más atrás, podemos recordar la exclusión de decenas de miles de hectáreas de pastos en la montaña leonesa con una absoluta indefensión de los ganaderos y de las juntas vecinales titulares de los mismos-. En ambos casos las organizaciones agrarias hemos tenido una intensa actividad reivindicativa, por cierto en una casi insólita unidad de acción, que ha chocado con un muro infranqueable en la consejería de Agricultura. Primero se ha negado el problema, después se ha mandado a parte del equipo directivo a explorar la situación, y en ningún caso la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, se ha personado para tomar el pulso a la realidad. Ni una sola medida tanto para un problema como para el otro, salvo la de dar tiempo para que las cosas se pudran en su propia salsa o se arreglen solas.

En ambos problemas, Milagros Marcos se ha ocupado de apartar la interlocución con las organizaciones agrarias, reuniéndose únicamente directamente con los afectados o con otras entidades con competencias tangenciales. No le recordaré que es León una de las provincias de España donde las organizaciones agrarias tenemos más peso, ni le recordaré el papel que nos consagra la Constitución y, en terreno más próximo, la propia Ley Agraria de Castilla y León. Y no lo hare porque sé que si un gobierno se propone gobernar sin consultar con los agentes sociales y económicos, lo único que nos queda es pedir que la legislatura se haga corta, porque no va a cambiar de parecer. La pena es que las víctimas de esta política de interlocución no van a ser solo las organizaciones y sus dirigentes, que sobreviviremos a esta etapa, van a ser los agricultores y ganaderos de León y de Castilla. Si prescindir de la colaboración de las organizaciones agrarias en el diseño de la política agraria de un territorio es un lujo que difícilmente pueden permitirse los mejores gobernantes y bien conocedores de la materia, cuanto más los que no alcanzan esa categoría.

José Antonio Turrado Fernández. Secretario general de ASAJA de León

León, 20 de mayo de 2016

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