Este lunes 25 de abril, el grupo de concejales de UPL en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha presentado una serie de alegaciones al Presupuesto de 2016 con el objetivo de ayudar a estabilizar la situación del Ayuntamiento y evitar que este siga paralizado. Desde nuestro grupo entendemos que la situación cada día es más crítica ya que, por culpa de la mala gestión del Equipo de Gobierno PSOE.-PAL, vamos a entrar en el quinto mes de 2016 sin que haya Presupuesto.

Entendemos que es necesario presentar estas alegaciones ya que, como indica el Artículo 170.2.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una de las razones que se establece como causa de Reclamación es “Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley”, situación que a nuestro entender se da actualmente en este Ayuntamiento.

El Presupuesto aprobado inicialmente no se ha ajustado a los trámites que establece la Ley de Haciendas Locales en lo que se refiere al artículo 193.3, pues el proyecto no cumple con la obligación de presentar un superávit igual al remanente de tesorería negativo del ejercicio anterior. Además no se incluyen los programas de inversión y financiación para un plazo de cuatro años, tampoco se incluye el plan de inversiones que debe coordinarse con el de planificación urbanística. Estos motivos nos demuestran que el Presupuesto del 2016 aprobado inicialmente  no cumple estas normas.

Por otro lado, para que estas cuentas cumplan las normas, se debe incluir el crédito suficiente para hacer frente al desfase anual del déficit de tarifa producido por la modificación del contrato del agua, así como de la deuda mantenida con Gersul, cosa que actualmente no se da. Además es necesario dotar al Capítulo I del crédito suficiente para dar cobertura a la remuneración de la totalidad de la plantilla en base a los acuerdos actualmente en vigor. De no ser así, se estará incumpliendo el artículo 170.2.b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. No entendemos cómo presupuestan en base a deseos, sin que se haya formalizado acuerdo alguno que de legitimidad a tales pretensiones.

Desde UPL vemos con preocupación estas carencias, ya que dejan al descubierto un Presupuesto que no cumple con la legalidad, lo que podría llegar a suponer su anulación y por tanto el empeorar aún más si cabe, la situación de las arcas. Desde nuestro grupo esperamos que, primero se tengan en cuenta nuestras alegaciones para evitar males mayores a la ciudadanía de San Andrés, y segundo, que en septiembre comience la tramitación del Presupuesto de 2017 para evitar que vuelvan a suceder los esperpentos que hoy estamos viviendo con este asunto.

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