cargas administrativas

El Consejo de Gobierno ha aprobado una serie de medidas dirigidas a favorecer la dinamización empresarial a través de la reducción y simplificación de las cargas administrativas. Mediantes estas actuaciones, se favorecerá la implantación de empresas en Castilla y León reduciendo los costes administrativos y los plazos para su puesta en funcionamiento. Esta propuesta desarrollada por la Consejería de la Presidencia, con la colaboración del resto de consejerías del Gobierno autonómico, se engloba dentro de las acciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León para la mejora del funcionamiento de la Administración y de la atención al ciudadano.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se comprometió en su discurso de investidura a seguir progresando en la atención de la Administración a los ciudadanos mediante la reducción de cargas administrativas y plazos y aumentando la eficiencia de los procedimientos establecidos. Por este motivo, la Consejería de la Presidencia ha elaborado junto con el resto de departamentos del Ejecutivo una nueva metodología basada en los mapas de procesos que en lugar de analizar los procesos de forma aislada los agrupa en itinerarios específicos para cada actividad empresarial.

Este nuevo sistema facilita una visión general de cada proceso, lo que permite concretar las actuaciones adecuadas para reducir los plazos y agilizar la tramitación de los procedimientos. Con estas nuevas herramientas, se facilitará la racionalización y eficiencia de la Administración, se promocionará un mayor intercambio de recursos e información y una mayor coordinación interna y se optimizará la coordinación interadministrativa para la puesta en marcha de empresas en Castilla y León.

Las medidas se estructuran cuatro programas específicos: teletramitación; simplificación administrativa; acompañamiento; y colaboración, apoyo y seguimiento.

Teletramitación

La Ley 39/2015 del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece la obligatoriedad de que las relaciones entre las administraciones públicas y las personas jurídicas se realicen a través de medios electrónicos. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, mediante la Dirección General de Telecomunicaciones, y los servicios de informática de las distintas consejerías así como de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE) y del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), adoptarán las medidas necesarias para alcanzar el nivel 4 de teletramitación para todos los procedimientos que afectan a la relación con las empresas.

Para ello, y a partir de la aprobación de este Acuerdo, Fomento y Medio Ambiente realizará reuniones periódicas con los servicios de informática de todas las consejerías para evaluar las necesidades y avanzar en la consecución de este mandato.

Programa de simplificación administrativa

Este programa se estructura en cinco pilares básicos: mapas de procesos; régimen de intervención; solicitud única; documentación que se debe aportar; y modificación normativa.

En cuanto a los mapas, durante este año se revisarán los diez procesos de creación e instalación de empresas con mayor impacto en Castilla y León y se aprobarán medidas de simplificación para todos ellos. Con ello, se rebajará el régimen de intervención de la Administración, potenciando la sustitución de las autorizaciones por declaraciones responsables y comunicaciones previas, de forma que el empresario pueda iniciar la actividad sin tener que esperar respuesta de la Administración. Además, se facilitará la interlocución con la Administración a través de modelos de solicitud única cuando se requiera la iniciación simultánea de varios trámites, se eliminará documentación solicitada y se reducirán los plazos para cada trámite.

Antes de finalizar el mes de junio de 2016, se aprobarán los mapas de procesos correspondientes a los cinco sectores de mayor implantación: servicios de restauración; industrias agroalimentarias; explotaciones ganaderas; centros, servicios y establecimientos sanitarios sin internamiento; e industrias vinculadas con los recursos forestales. Asimismo, en el mes de junio de 2016 se determinarán los cinco sectores que se revisarán en el segundo semestre, cuyos mapas de procesos se aprobarán antes de finalizar el año.

Cuando se requiera la iniciación simultánea de varios trámites ante la Administración autonómica, se implantarán modelos de solicitud única independientemente del centro gestor al que se dirijan con el fin de que el interesado cumplimente el menor número de instancias. En el plazo de un mes, a partir de la aprobación de los mapas de procesos, estarán disponibles los modelos de solicitud única correspondientes a cada uno de ellos.

Sobre la documentación que el ciudadano debe aportar, se reducirán y unificarán los registros que actualmente son necesarios y se harán públicos, siempre que sea posible, para evitar solicitar la certificación de inscripción en los mismos requerida en otros procedimientos administrativos.

Con anterioridad a finalizar el primer semestre se desarrollará esta medida para los cinco procesos de creación o instalación de empresas para los que se aprueben los mapas correspondientes y antes de finalizar el año, se desarrollará para los cinco procesos restantes. Y antes de diciembre, se unificarán las bases de datos en poder de la Administración autonómica relativas a empresas para tener toda la información actualizada y evitar solicitar al empresario la documentación contenida en la misma en los diferentes procedimientos.

En cuanto a la modificación normativa, en el plazo de un mes a contar desde la aprobación de los correspondientes mapas de procesos, se iniciarán las modificaciones normativas necesarias para su cumplimiento: se modificarán dos leyes y dos decretos, se elaborarán tres decretos nuevos y se modificarán seis órdenes.

De los estudios realizados para la elaboración de estas medidas, pueden destacarse algunos ejemplos prácticos del significado de la simplificación administrativa planteada. Así, la reducción de plazos para la puesta en funcionamiento de un bar pasará de dos meses a un día, y si cuenta con máquinas recreativas, de 8 meses a un mes; en el caso de una explotación ganadera, de cinco meses a tres meses; una quesería, de cinco meses a un día; una industria envasadora y embotelladora de vino, de cinco meses a un día. Todos estos supuestos se refieren a aquellas empresas actualmente sometidas a licencia ambiental, no con condicionantes ambientales específicos.

Acompañamiento

Antes de finalizar el mes de junio, se habrán puesto en funcionamiento los centros de Gestión Unificada para procesos complejos en su tramitación o de gran incidencia económica y social, en los que deban intervenir órganos o unidades de una o varias consejerías. Se crearán 10 Centros, uno en cada Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y un Centro Coordinador en la Consejería de Economía y Hacienda.

Estos centros serán órganos administrativos horizontales cuyo fin será actuar de enlace entre los empresarios y los diferentes servicios territoriales y entidades locales. Se encargarán del impulso y seguimiento de la tramitación de sus expedientes, en los diferentes centros gestores, completando y dando así continuidad al trabajo de acompañamiento que desarrolla la ADE con los emprendedores.

Colaboración, apoyo y seguimiento

Antes de finalizar el mes de mayo, se creará una Comisión de Simplificación administrativa para la dinamización empresarial que realizará funciones de colaboración, apoyo y seguimiento. En esta Comisión, además de los representantes de la Administración autonómica, estarán incluidos CECALE, Empresa Familiar, la Asociación de Autónomos de Castilla y León, las cámaras de comercio y las entidades locales. Semestralmente se elaborarán y aprobarán mapas de procesos para los distintos sectores empresariales y durante el mes de enero de cada año, la Comisión definirá los sectores que deberán abordarse en cada anualidad.

Además, se habilitará en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta un Buzón de sugerencias para que los ciudadanos puedan formular sugerencias o propuestas de mejora que serán analizadas en la Comisión para la Simplificación de la actividad empresarial.